El Clan del Golfo aceptó la condición planteada por el Gobierno nacional de que a las Zonas de Ubicación Temporal solo ingresen integrantes que no tengan solicitudes de extradición por parte de otros países.
La decisión fue anunciada por el comandante político Jerónimo, quien señaló que la medida busca dar garantías frente al proceso y “despejar cualquier sombra de duda” sobre la conformación de esos espacios.
“Como muestra inequívoca de voluntad, de paz y de coherencia, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia acepta de buena fe que el ingreso a las zonas de ubicación temporal quede limitado a aquellos combatientes que no se encuentran solicitados en extradición por ningún gobierno extranjero”, señaló.
Según el grupo, esta decisión busca demostrar compromiso en medio de las conversaciones en la mesa de paz.
“Reafirmamos ante el pueblo colombiano y ante el mundo que nuestro compromiso con la paz no es retórico ni circunstancial, es una decisión política de fondo asumida con la altura que exige el momento histórico que vive la nación. Invitamos a los países mediadores, a los acompañantes nacionales e internacionales y a las comunidades de los territorios a verificar el cumplimiento de esta determinación y a ser testigos de la seriedad con la que el Ejército Gaitanista de Colombia honra su palabra. La paz es más importante que los egos de los gobiernos de turno o que los ánimos de la contienda electoral”, se lee en el comunicado.
El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia por la posible inclusión de integrantes solicitados en extradición dentro de las Zonas de Ubicación Temporal, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo.
Precisamente, la Fiscalía General de la Nación reafirmó recientemente su negativa a suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas de ese grupo armado antes del próximo 25 de junio, fecha prevista para el inicio de la instalación de estas zonas.
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El tema fue revisado durante una reunión entre la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que se evaluó el cumplimiento de los requisitos exigidos para estudiar eventuales beneficios judiciales.
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