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El Comité Nacional del Paro anunció que, ante la negativa del Gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, han hecho una nueva propuesta al Gobierno Nacional, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos.
Además, aseguran que el comité del paro “apoya y estimula los procesos regionales de dialogo y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país”.
Por esta razón, han solicitado a las instituciones acompañantes, misión de verificación de la ONU, oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Conferencia Episcopal, que verifiquen la reducción de los cortes de vía en el país y entreguen un informe a las partes en la siguiente reunión.
Por otra parte, exigen la derogatoria del decreto 575 de 2021 y acordaron continuar las conversaciones el próximo martes, 1 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana.
Igualmente, ratificaron su rechazo “al recrudecimiento de la violencia policial en los últimos días y, en especial, en la ciudad de Cali. Por ello seguiremos reclamando: ¡Duque pare la masacre!”.
Por su parte, desde el Gobierno Nacional Emilio Archila insistió en que es necesario levantar los bloqueos en el país.
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Nuestra principal preocupación es con los colombianos, con las afectaciones que están teniendo derivadas, entre otras, principalmente los bloqueos. Esos bloqueos están afectando los niveles de educación de nuestros hijos, las posibilidades de salud para nuestra población, están haciendo que nuestros campesinos no puedan sacar sus productos
Archila agregó que se necesita que haya una “condena absoluta a todos los bloqueos”, pues “están abusando del derechos de la protesta” y que también revisarán la nueva propuesta del comité del paro.
Los puntos de preacuerdo contienen 31 páginas sobre el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional.
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“El Comité Nacional de Paro exhortó al Gobierno Nacional para que emitiera un mensaje de condena a la violencia policial y usara la facultad discrecional para retirar del servicio a quienes integran la fuerza pública que, por inferencia razonable, puedan estar comprometidos con abusos y con el uso excesivo de la fuerza”.
Sin embargo, en este punto aseguraron que “el Gobierno Nacional, al no aceptar esta exhortación, mantiene en servicio a quienes están comprometidos con la violencia policial”.
“Se podrá hacer uso de armas menos letales, las cuales serán empleadas con la máxima precaución con criterios de proporcionalidad, diferenciación y uso legítimo de la fuerza. Todo lo anterior, se reitera, no aplica en aquellos eventos en los que se requiera repeler actos violentos, disturbios, ataques con armas de fuego o explosivos”, expuso por su parte el Gobierno.
Entre los puntos también está el despliegue del Esmad y la formación especializada de su personal, con el propósito de prevenir la posibilidad de que se produzcan efectos letales, entre otros.
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