La Contraloría reveló un posible perjuicio económico por valor de $2.934 millones en la Universidad Nacional durante el año 2022. Este perjuicio se relaciona con el contrato interadministrativo 96 de 2018, en el cual la universidad se comprometió con el Consejo Superior de la Judicatura a llevar a cabo pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes para los funcionarios de la Rama Judicial.
La prueba, realizada el 2 de diciembre de 2018, fue considerada inválida debido a errores técnicos atribuibles a la dirección del proyecto por parte de la Universidad Nacional. La institución tuvo que repetir la prueba utilizando sus propios recursos, lo cual ha resultado en un detrimento del patrimonio público.
La Contraloría ha determinado que esta segunda prueba implicó un gasto de $1.700.000.000 para el año 2021 y $1.234.309.706 para el año 2022, sumando un total de $2.934.309.706.
Como resultado de la auditoría financiera realizada por la Contraloría, se han identificado 6 hallazgos administrativos, los cuales dos podrían tener implicaciones disciplinarias, uno requiere una investigación preliminar y uno tiene implicaciones fiscales.
En cuanto a los detalles del convenio, el Consejo Superior de la Judicatura decidió iniciar un proceso de selección para ocupar cargos en la Rama Judicial el 16 de agosto de 2018. Después de las inscripciones, se llevaron a cabo las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnicas el 2 de diciembre de 2018.
El 28 de diciembre de 2018, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) del Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados finales de las pruebas de aptitudes y conocimientos a través de la Resolución CJR18-559.
Sin embargo, la Universidad Nacional de Colombia descubrió que durante el proceso de ensamblaje y diagramación de los cuadernillos, se modificó el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes sin actualizar las claves para la calificación, lo cual generó imprecisiones en la evaluación de los participantes.
En consecuencia, a través de la Resolución CJR19-0679, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) decidió corregir el procedimiento administrativo incorporando la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos.
Finalmente, el 24 de julio de 2022 se llevó a cabo una nueva aplicación de las pruebas escritas de aptitudes y competencias básicas, financiadas con recursos propios de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta la fecha, los cargos no han sido ocupados de manera permanente.
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