La Contraloría General de la República expresó su preocupación por el comportamiento y movimientos de los recursos públicos durante las últimas cinco semanas del anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Según la declaración de la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, en julio se observó un crecimiento acelerado de los compromisos presupuestales y financieros, lo que llevó al organismo de control a activar una función de advertencia al Ministerio de Hacienda y a ordenar visitas a esa entidad, a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Una de las principales alertas está relacionada con el volumen de dinero que se movió en ese corto periodo, entre el 22 de junio y 28 de julio.
La Contraloría encontró giros superiores a los $64,44 billones, además de nuevos compromisos por $48,14 billones. En su declaración, Lindo señala que el promedio habitual identificado por la entidad estaba entre $30 y $35 billones, por lo que el aumento llamó especialmente la atención.
Además, se identificaron casos en los que se hicieron dos o más giros a una misma persona en una misma fecha, por el mismo valor, con el mismo informe de ejecución y relacionados con un mismo contrato.
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También la Contraloría encontró pagos realizados muy poco tiempo después de la firma de algunos contratos y por eso considera necesario comprobar que los bienes y servicios realmente hayan sido entregados y que los pagos correspondan a las condiciones pactadas.
Otro de los casos que genera preocupación son los recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La declaración de la contralora delegada señala un giro superior a los $7 billones a esta entidad y a su fondo de atención de emergencias y desastres que, según la revisión inicial, requiere soportes y evidencias que permitan establecer su justificación.
La entidad busca comprobar, por tanto, que estos recursos tengan una destinación clara y que las operaciones cumplan con las reglas presupuestales y contractuales.
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La Fiduprevisora también aparece entre los puntos que requieren especial atención. Durante el periodo examinado recibió aproximadamente $4,33 billones como beneficiaria de pagos. Además, la Contraloría llamó la atención sobre 31 informes financieros y, particularmente, sobre uno relacionado con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que el revisor fiscal señaló que no era posible obtener evidencias suficientes sobre algunas cuentas vinculadas a proveedores de servicios de salud.
También se advirtió la ausencia de algunas actas del Consejo Directivo que permitirían verificar decisiones, instrucciones o autorizaciones con posibles efectos financieros.