La Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de los recursos recaudados para atender la Emergencia Económica declarada en febrero de 2026 por el paso de un frente frío que ocasionó graves inundaciones y deslizamientos en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Según el organismo de control, el Gobierno nacional ha recaudado $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias adoptadas durante la emergencia. No obstante, la entidad alertó que en los sectores responsables de atender y recuperar los territorios afectados no se evidencia una ejecución efectiva de estos recursos.
Con corte al 18 de junio de 2026, el recaudo proveniente del impuesto al patrimonio y de los mecanismos de alivio tributario ascendía a $7,59 billones, cifra equivalente al 87 % de la adición presupuestal aprobada para atender la emergencia. Sin embargo, la Contraloría señaló que ese monto aún no cubría los $8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación, situación que representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año.
El ente de control indicó que, aunque los recursos ya fueron incorporados al presupuesto y en varios sectores se expidieron certificados de disponibilidad presupuestal, no se registra una ejecución efectiva reflejada en obligaciones y pagos por parte de las entidades responsables.
La Contraloría expresó especial preocupación por la situación de los recursos administrados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el informe, estos dineros permanecen en la fase de estructuración de convenios, circunstancia que ha retrasado el inicio de las intervenciones dirigidas a la recuperación de las zonas afectadas, pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria de la emergencia.
El organismo de control también evidenció que sectores como Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados. En los sectores de Vivienda y Educación, aunque existen avances en la expedición de certificados presupuestales, aún no se registran obligaciones ni pagos.
Adicionalmente, la Contraloría advirtió que, varios meses después de declarada la emergencia, el Gobierno nacional aún no ha remitido el Plan de Acción Específico, documento que debe establecer las acciones, responsables, cronogramas y resultados esperados para la atención integral de la contingencia.
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Finalmente, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional para acelerar la formalización de los convenios pendientes, garantizar la ejecución oportuna de las inversiones y asegurar que los recursos obtenidos mediante las medidas tributarias extraordinarias sean destinados exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.
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