Contraloría General lanza alerta por millonaria pérdida en compra y operación de drones
La Contraloría General estableció un presunto detrimento por $8.954 millones en la compra de drones que nunca cumplieron su función. La inversión total fue de más de $38.000 millones.
Contraloría General lanza alerta por millonaria pérdida en compra y operación de drones
La Contraloría General de la República halló un presunto daño patrimonial por $8.954 millones en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras una auditoría financiera que reveló la pérdida de dos drones adquiridos para tareas de vigilancia aérea en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII), sin que estos equipos entregaran ningún tipo de información.
La compra se realizó a través del convenio 483 de 2021, firmado entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), con el objetivo de reforzar las capacidades de observación y reconocimiento aéreo en zonas clave para la implementación del acuerdo de paz.
La Contraloría advirtió que, pese a la magnitud de la inversión, que ascendió a $38.868 millones, el proyecto presentó fallas graves desde su planificación y ejecución. “Se evidenció falta de supervisión e inobservancia de los fines de la contratación estatal, al haber utilizado la figura de suspensión y prórroga contractuales, convirtiéndose en un mecanismo para amparar incumplimientos de las partes desde el año 2021”, se lee en el comunicado de la entidad.
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Foto: Centro de Memoria
Dentro de las fallas, se destacan las sucesivas prórrogas contractuales sin justificación técnica, la falta de garantías para proteger los recursos públicos y la inexistencia de pólizas de seguro para los equipos entregados.
Además, durante la ejecución del convenio se omitieron alertas técnicas emitidas por la FAC sobre los incidentes con las aeronaves y, se avanzó con la compra de otros dos drones que no fueron entregados a la fecha de cierre de la auditoría.
Para el órgano de control, el uso reiterado de figuras como la suspensión y prórroga contractual terminó por encubrir los incumplimientos de las partes desde 2021, mientras los resultados concretos del proyecto siguen sin aparecer.
La situación, según la Contraloría, representa un riesgo inminente para el patrimonio público y una afectación al interés general, al comprometerse recursos millonarios sin que se cumpliera el propósito inicial de la contratación.