Corte Constitucional ya tiene el estudio de las consultas populares mineras

Por primera vez, la Corte Constitucional escuchó en audiencia los partes que están a favor y en contra de las consultas populares para decidir si se permite o no la minería en los territorios. Ya son nueve los municipios colombianos que a través de este mecanismo le han dicho no a la minería. Para algunos, es un triunfo en favor del medio ambiente, mientras que, para otros, los intereses de unas comunidades están afectando los ingresos de todos los colombianos. Miguel Antonio Caro, alcalde de Cumaral, Meta, uno de los municipios que le dijo no a la minería recientemente, aseguró que es necesario que el Gobierno asuma su responsabilidad de garantizar vías, salud, colegios y bienestar para los colombianos en estas regiones. “Los municipios que tenemos la expectativa petrolera estamos creciendo al doble, necesitamos más colegios, más vías, más empleos y más educación, por eso tienen que ayudarnos más porque tenemos esa sobrecarga. Tenemos más de cinco mil víctimas que es el 25 por ciento adicional de población”, dijo. Vea aquí: Minería ilegal se reactivó en los farallones de Cali: Dagma El mandatario señaló que se pretende que en los municipios mineros exista algún otro tipo de economía que no dependa únicamente de esta actividad.Por su parte, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, dijo que se puede hacer minería responsable sin perjudicar los recursos naturales y que la ola de consultas populares ha afectado las finanzas de los habitantes de los municipios en los que se ha prohibido la actividad minera. “Lo que hemos visto una y otra vez es que cuando hay consultas populares el impacto sobre el municipio es muy grande. En el caso, por ejemplo, de Cajamarca, se prohibió la minería y el municipio entró en una profunda crisis porque se acabó la fuente de empleo”, aseguró Vélez. “La forma de generar empleo y riqueza en un municipio es a través de actividades productivas, entre ellas la minera y de hidrocarburos”, agregó. Vélez también aseguró que, producto de estas consultas, hay pérdidas millonarias para la Nación.“Estas consultas ya han causado detrimentos patrimoniales por 230 mil millones de pesos, ese es el daño que le han hecho estas consultas a todos los colombianos”, dijo.La petición del Gobierno es que la Corte regule este tema para que los intereses de las comunidades no afecten los de la Nación y viceversa. En ese mismo sentido se pronunció Fernán Bejarano, vicepresidente jurídico de Ecopetrol, quien aseguró que esa entidad aporta importantes recursos para el Estado y los entes territoriales. “La actividad de Ecopetrol se puede resumir en 135 billones de pesos, más o menos la mitad del presupuesto nacional de un año, que ha transferido a las entidades estatales y a la Nación en los últimos cinco años y en la generación de más de 33 mil empleos”, aseguró.Representantes de las comunidades protestaron frente a la Corte Constitucional pidiéndole que les mantengan el derecho a decidir si quieren o no minería en sus territorios“Lo que pedimos es que la Corte no crea el cuento de que dependemos económicamente del petróleo. Que nada puede pagar lo que cuesta un río”, dijo una de las ciudadanas que llegó desde Santander para protestar.En manos de la Corte Constitucional quedó a partir de ahora el estudio de este tema. Lo que se busca es establecer si se modifica o se mantiene una polémica decisión de tutela del 2016 que les dio vía libre a esas consultas, bajo el entendido de que las comunidades podían imponer su decisión sobre el interés de la Nación.

Corte Constitucional ya tiene el estudio de las consultas populares mineras

Nueve municipios colombianos a través de este mecanismo le han dicho no a la minería _

Corte Constitucional