La Corte Constitucional aprobó el Decreto Ley 898 de 2017, el cual facilitó la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación de cara al posconflicto y que acaba con varios puntos de la polémica reforma del exfiscal Eduardo Montealegre, que comenzó a funcionar en 2014.
En primer lugar, se suprimieron 4.500 cargos, varios de ellos diplomáticos, que habían sido creados por Montealegre y que, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, eran “cargos que jamás estuvieron provistos, por absoluta falta de financiación del presupuesto nacional”.
Asimismo, fueron designados 500 fiscales nuevos en territorios en los que hasta ahora la Fiscalía no había hecho presencia, “con miras a fortalecer la paz” en los lugares más afectados por el conflicto armado, especialmente en 43 municipios fuertemente golpeados por la violencia.
Este decreto también crea una unidad especial para el desmantelamiento de organizaciones que atenten contra defensores de Derechos Humanos o movimientos políticos, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3.4.4 del Acuerdo de Paz con las Farc.
En este punto se incluye a las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Además, se establece que la unidad Especial de Investigación propondrá al fiscal General de la Nación un plan de priorización anual para aplicar criterios objetivos en la focalización de sus recursos.
La Unidad Especial de Investigación contará con policía judicial, conformada por miembros del CTI y de la Policía Nacional, con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional.
Este decreto también elimina varias subdirecciones que habían sido creadas por Montealegre y en su lugar asigna asesores expertos para aquellas seccionales en las que sea necesaria esta figura.
La reestructuración que hizo Néstor Humberto Martínez, y que hoy queda aprobada por el alto tribunal, puso fin a las polémicas embajadas de la Fiscalía en el exterior y reafirmó el fracaso que representó la creación de la universidad de la Fiscalía, que duró apenas un semestre a un coste de más de $6.000 millones.
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