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La Corte Constitucional dio un plazo de cinco días a las autoridades implicadas en el plan de fumigación como la Anla, Policía Antinarcóticos, Ministerio de Salud, del Interior, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, entre otros, para entregar la certificación y verificación que hicieron de la consulta previa a las comunidades antes de poner en marcha el plan que reanude las aspersiones con glifosato en el país.
La Corte suspendió los términos de la revisión que adelanta a cuatro tutelas y pidió a las autoridades de gobierno implicadas en el tema la verificación de las consultas hechas a las comunidades dentro del plan.
“La Sala Sexta de Revisión considera necesario solicitar pruebas con el fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver el caso. En concreto, se requiere dilucidar si la Anla celebró las reuniones informativas y la audiencia pública ambiental. Lo anterior es esencial para abordar el caso, debido a que los accionantes pretendían evitar su realización por considerar que su convocatoria no cumplía con los estándares de participación efectiva ambiental”, indica el auto proferido por la Corte.
Entre tanto, un grupo de organizaciones sociales le pidió a la Corte Constitucional que ordene al Gobierno suspender todos los actos preparatorios para la reanudación de la fumigación con glifosato en el país porque no se ha consultado a las comunidades, tal como lo ordenó la corte cuando suspendió el proceso en 2016. Igualmente, insistieron que el gobierno no ha cumplido los acuerdos de paz, que también es requisito de la Corte.
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