Defensora pide al estado fortalecer reparación para víctimas del conflicto armado
En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la defensora del Pueblo hizo un llamado a reforzar las acciones de reparación integral y no repetición, al señalar que la magnitud de la violencia en el país exige respuestas más efectivas del Estado.
En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a reconocer el impacto que ha dejado el conflicto armado en Colombia y a fortalecer las acciones orientadas a garantizar la reparación integral y la no repetición.
La funcionaria recordó que más de 10 millones de personas han sido afectadas por la violencia.
“Seguimos reconociendo el dolor y la resiliencia de más de 10000000 de personas afectadas por el conflicto armado, una cifra que nos recuerda que se deben seguir construyendo caminos de justicia y de paz en cada territorio del país”.
En ese sentido, insistió en que las víctimas no constituyen un grupo homogéneo, sino que representan una diversidad de realidades que incluyen mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, personas mayores y comunidades étnicas, lo que exige respuestas diferenciales por parte del Estado.
“La memoria es fundamental para avanzar hacia la reconciliación. Una reconciliación que exige verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, que nos permita proyectar un buen futuro para las víctimas y para el país”.
Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo
En su mensaje, la defensora reiteró la importancia de avanzar en la implementación de la ley 2421 de 2024, para fortalecer política de víctimas y garantizar respuestas.
“El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar una reparación integral, individual y colectiva que no solo compense los daños, sino que restablezca derechos, transforme las condiciones que dieron origen a la violencia y asegure que estos hechos no se repitan”, afirmó.
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Finalmente, la funcionaria insistió en la necesidad de seguir fortaleciendo la política pública de víctimas, con el fin de asegurar respuestas más integrales, eficaces y acordes con las particularidades de cada población afectada, en un contexto en el que aún persisten desafíos en materia de acceso a la justicia, reparación y garantías de seguridad en distintas regiones del país.