La Defensoría del Pueblo destacó, a través de un comunicado, la expedición de los decretos 0980, 0968, 1028 y 1029 de 2026, con los que el Gobierno nacional busca fortalecer las garantías para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. La entidad señaló que este paquete normativo representa un avance significativo en materia de protección, aunque advirtió que el desafío principal estará en su implementación efectiva en los territorios más afectados por la violencia.
Según el pronunciamiento, uno de los pilares de estos decretos es la adopción de una política pública integral de protección para líderes y lideresas sociales, que reconoce los riesgos diferenciados que enfrentan distintos sectores de la población. En particular, se incorpora un enfoque de género que busca responder a las amenazas específicas contra mujeres defensoras, quienes han sido víctimas de violencia, estigmatización y persecución en múltiples regiones del país.
La Defensoría también resaltó que este paquete normativo fortalece la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, un instrumento clave para garantizar derechos en materia ambiental. En este sentido, se establecen medidas para asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana en decisiones que afectan el entorno y el acceso a la justicia ambiental. Además, se contempla la creación de una comisión intersectorial que coordine las acciones del Estado y una hoja de ruta con lineamientos claros para su ejecución.
Nuevos decretos fortalecen las garantías para quienes defienden los derechos humanos: inicia el camino de su implementación
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 7, 2026
Saludamos la expedición de los decretos mediante los cuales el Gobierno saliente fortalece distintos instrumentos orientados a garantizar los derechos… pic.twitter.com/sQnbBr4xVd
No obstante, la entidad advirtió que el contexto en el que se aplicarán estas medidas sigue siendo complejo. Persisten factores de riesgo como la presencia de grupos armados ilegales, el control territorial en varias zonas del país, las economías ilícitas y la estigmatización contra quienes lideran procesos sociales y ambientales. A esto se suman debilidades institucionales en algunas regiones, que podrían limitar la capacidad de respuesta del Estado.
Otro de los avances destacados en el comunicado es la inclusión, por primera vez, de una política integral para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Esta problemática, que deja cerca de 137.000 víctimas en Colombia, será abordada con nuevas herramientas institucionales orientadas a la localización, identificación y dignificación de las víctimas y sus familias.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar la correcta implementación de estos decretos, subrayando que su impacto dependerá de la articulación interinstitucional, la asignación de recursos suficientes y la presencia efectiva del Estado en las zonas más vulnerables. Asimismo, insistió en la necesidad de hacer seguimiento permanente a estas medidas para asegurar que se traduzcan en una protección real y efectiva de los derechos humanos en Colombia.
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