El ejercicio de liderazgos sociales en Antioquia sigue marcado por un panorama de alto riesgo. Así lo advierte el más reciente informe semestral de la Fundación Sumapaz, que revela que, durante lo corrido de 2026, ya se han documentado 120 agresiones contra líderes y lideresas sociales en el departamento, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia y las dificultades para garantizar el trabajo de quienes defienden los derechos de sus comunidades.
De acuerdo con el reporte, entre los casos registrados en el periodo enero-junio se encuentran 16 homicidios, 50 amenazas individuales, 19 desplazamientos forzados y 9 hechos de estigmatización, además de otras agresiones que reflejan la complejidad del contexto de seguridad en distintas zonas del territorio antioqueño.
Según César Mendoza, integrante del equipo de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, las mayores afectaciones se concentran en subregiones como el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá, donde la presencia y el control ejercido por estructuras armadas ilegales continúan generando presiones sobre los liderazgos.
"En los territorios se trata de coartar al líder comunal, al líder social, los líderes sociales son los que movilizan a las comunidades, son los que transmiten la información de lo que se está ocurriendo en el territorio. Entonces si el líder social es renuente a ser obediente a esos grupos, lo que le dicen es: 'o trabaja con nosotros, se va o usted sabe lo que sucede'", destacó Mendoza.
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Mendoza también manifestó su preocupación por la respuesta institucional frente a estos hechos. El informe señala que persisten demoras en las investigaciones judiciales de los crímenes contra líderes sociales y cuestiona la falta de celeridad en los procesos disciplinarios dirigidos a establecer posibles responsabilidades de funcionarios que no habrían garantizado oportunamente medidas de protección.
"La Procuraduría es totalmente ausente. La única institución que está actuando, que actúa, pero es una consejera, es la Defensoría del Pueblo, pero pero la consejería solamente da recomendaciones o alertas, pero si el Ministerio del Interior no actúa, vale tanto como un papel mojado o un papel arrugado", manifestó.
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Otro de los aspectos que enciende las alertas es la limitada disponibilidad de recursos para proteger a esta población, especialmente en municipios con baja capacidad presupuestal, donde las administraciones locales enfrentan mayores dificultades para implementar esquemas de prevención y atención, pese a que es allí donde se concentran buena parte de los riesgos por la persistencia del conflicto armado.
El reporte también alertó sobre los compromisos pendientes del Gobierno nacional saliente en materia de garantías para los liderazgos sociales. Según la organización, aún existen retrasos en la consolidación de una política pública integral que fortalezca los mecanismos de prevención, protección y respuesta institucional frente a las amenazas que continúan enfrentando quienes ejercen labores de liderazgo en los territorios.
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