La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Frente 36 de las disidencias asociadas a Calarcá-Córdoba impuso restricciones a la movilidad y a la conducta de los habitantes de Anorí, Antioquia, además de ordenar desplazamientos forzados. A través de un pronunciamiento, Marín señaló que estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario y exigió al grupo armado levantar las medidas de control impuestas sobre la población civil.
En su pronunciamiento, Iris Marín Ortiz advirtió que las restricciones afectan directamente la libertad y la seguridad de los habitantes de Anorí. La defensora del Pueblo pidió al Frente 36 respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y poner fin a las órdenes que limitan la movilidad y regulan la conducta de la población.
La denuncia se produce en un escenario de riesgo que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 023 de 2022. Esta alerta incluyó a los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, en Antioquia, debido a la disputa territorial entre grupos armados y a las graves afectaciones sobre la población civil.
Posteriormente, en un informe de seguimiento presentado en julio de 2026, la Defensoría señaló que el escenario de riesgo tiende a agravarse. El documento advierte sobre una mayor frecuencia, severidad y alcance de los hechos violentos, así como sobre el recrudecimiento de las formas de control e intimidación contra la población civil y graves impactos en las garantías de derechos humanos.
El Frente 36 de las disidencias de alias "Calarcá - Córdoba" ha ordenado restricciones de movilidad, conducta y el desplazamiento forzado de personas en el municipio de Anorí. Estas acciones constituyen inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario.
— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) September 12, 2026
Exigimos al…
El informe también identifica como uno de los principales problemas la persistencia y profundización de mecanismos de control social y regulación armada de la vida comunitaria, además de diferentes hechos de violencia que afectan a los habitantes de estos municipios.
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En el caso específico de Anorí, la población ya ha enfrentado desplazamientos forzados como consecuencia de la disputa territorial. Entre abril y agosto de 2025 se registraron cuatro desplazamientos masivos en Amalfi y Anorí, dos de ellos ocurrieron en Anorí y afectaron cerca de 162 familias, conformadas por unas 391 personas, en diferentes zonas rurales del municipio.
La Defensoría también ha documentado restricciones a la movilidad, amenazas, intimidaciones y otras formas de control sobre las comunidades. Además, el informe advierte sobre la expansión territorial del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) anteriormente denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y sobre acuerdos temporales entre grupos armados para contener su avance.
Con este pronunciamiento, Marín reiteró la preocupación de la Defensoría por las condiciones de seguridad y las afectaciones que enfrenta la población civil en Anorí, y pidió específicamente al Frente 36 poner fin a las restricciones y a los desplazamientos forzados y respetar el Derecho Internacional Humanitario.