Este miércoles arrancó en Barranquilla la Asamblea Nacional de Personeros, en la que participan unos 800 funcionarios del Ministerio Público de todo el país, quienes conversan alrededor de los "Derechos a la Ciudad" y la ayuda a damnificados del terremoto.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las invitadas al evento, destacando la labor de los personeros, pero también aprovechó para referirse a la atención de las afectaciones ocasionadas por sismo de 7.4 grados, ocurrido el pasado 10 de agosto.
Frente a este tema destacó que la Defensoría ha estado haciendo seguimiento muy de cerca, pero que después de haber superado la primera etapa de la atención de la emergencia, toca avanzar en las medidas presupuestales que permitan reconstruir las zonas afectadas, así como garantizar el retorno a clases de todos los estudiantes.
"Hemos venido haciendo seguimiento al tema. Ya ha pasó la primera etapa más urgente, pero es importante avanzar hacia medidas también presupuestales que permitan avanzar en el la reconstrucción y la rehabilitación, que va a ser el tema pues más importante. Hemos estado muy pendientes también de la vuelta al colegio de los menores de edad. Ya el Ministerio de de Educación ha dicho que está a punto de llegar al 95% de la cobertura", expresó.
De otra parte, la defensora dio a entender que han resuelto las diferencias con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con quién tuvo un intercambio de opiniones a través de redes sociales por las recientes ofensivas del Gobierno contra estructuras criminales. Dijo Marín que "es deber del Estado combatir el narcotráfico y las economías ilegales". Al tiempo destacó que están haciendo un seguimiento conjunto a las alertas tempranas que han emitido.
"Con el ministro de del Interior, Rodrígo Lara, hemos venido intercambiando un par de trinos y además hablamos telefónicamente y estamos a la espera de poder hacer reuniones de seguimiento territorial de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas", precisó.
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Asamblea de personeros
La migración es otro de los temas de conversación durante el encuentro de personeros. Frente a este panorama, el representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, destacó que en este país hay 2,8 millones de personas venezolanas que requieren protección internacional, además de ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el país.
Advierte que aunque una parte importante ha logrado regularizar su situación migratoria, muchas personas aún permanecen en condición irregular porque no han tenido la oportunidad de acceder a los mecanismos de regularización.