Ecuador defiende la legalidad del operativo en el que deportaron 700 presos colombianos
La operación se realizó a través del puente Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, a 3 kilómetros de Ipiales. Aunque el Ministerio del Interior ecuatoriano ampara la operación, la Cancillería colombiana asegura que nadie comunicó esta deportación.
Ecuador defiende la legalidad del operativo en el que deportaron 700 presos colombianos
En la tarde de este sábado 26 de julio, se conoció un comunicado del Ministerio del Interior ecuatoriano en el que defienden la operación de deportación de 700 personas privadas de la libertad (PPL) con nacionalidad colombiana que estaban presos en ese país, asegurando que el operativo se ejecutó “bajo estrictos protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos”.
Esta acción, realizada en la noche del viernes 25 de julio y concretada en la mañana de este sábado, fue denunciada por la Cancillería colombiana, quienes comunicaron que las autoridades ecuatorianas habían iniciado el proceso de deportación de 700 colombianos privados de la libertad en ese país de manera unilateral, sin un protocolo y poniendo en riesgo los derechos humanos de estas personas.
Esta medida ha generado tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que protestó ante el gesto calificado como inamistoso, por parte del Gobierno Noboa que, a través de un comunicado, detalló el proceso y protocolo que siguieron para realizar este gran operativo en el que deportaron alrededor del 60 % de los internos que permanecían detenidos en cárceles ecuatorianas.
Ecuador defiende la legalidad del operativo en el que deportaron 700 presos colombianos
Foto: suministrada
“Esta acción reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el orden público. Durante el mes de julio de 2025 se instalaron cerca de 1.000 audiencias individualizadas para PPL de nacionalidad colombiana, como parte del proceso administrativo de deportación, gestionando su respectiva presentación ante jueces competentes”, se lee en el comunicado.
Cabe resaltar que el Gobierno ecuatoriano recalcó que su acción fue realizada conforme a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 61.1. De igual forma, aseguraron que el Servicio Nacional de Atención Integral (Snai) emitió las resoluciones correspondientes por las que, los jueces emitieron las respectivas boletas de excarcelación.
Finalmente, aclararon que se guardó la debida reserva de la información, garantizando los procedimientos legales y los derechos fundamentales de cada persona privada de la libertad.
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