Con el objetivo de que la seguridad y la justicia dejen de depender de decisiones de corto plazo y se conviertan en una política de Estado, organizaciones académicas, sociales y del sector privado radicaron una carta abierta dirigida al nuevo Congreso de la República, en la que plantean una agenda de reformas para el periodo 2026-2030. La propuesta busca que el Estado tenga herramientas permanentes para prevenir el delito, enfrentar el crimen organizado y mejorar la respuesta de la justicia en los territorios.
La iniciativa fue construida por la Plataforma Abierta de Seguridad, Paz y Justicia, una alianza conformada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, ProBogotá Región, la Universidad EAFIT, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, además de organizaciones expertas y representantes de la sociedad civil y el sector privado.
El documento parte de una preocupación ciudadana y es la percepción de inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas del país. Según los datos incluidos en la carta, el 47 % de los colombianos afirma sentirse inseguro y solo 4 de cada 10 personas que son víctimas de un delito llegan a presentar una denuncia, una situación que, según los firmantes, demuestra la necesidad de fortalecer las instituciones.
La primera propuesta busca cambiar la forma en que se financia la seguridad en las regiones. Actualmente, municipios y departamentos dependen en gran parte de recursos provenientes de contratos de obra pública, una fuente que puede variar hasta un 40 % de un año a otro. Por esta razón, los expertos plantean crear un sistema con recursos más estables para que las autoridades puedan planear acciones de prevención y fortalecimiento institucional a largo plazo.
El segundo cambio está relacionado con la inteligencia del Estado. La propuesta pide actualizar las reglas actuales para enfrentar nuevas amenazas como las organizaciones criminales transnacionales, las economías ilegales, los delitos digitales y el uso de inteligencia artificial. También plantea fortalecer la inteligencia financiera para combatir el lavado de activos y recuperar la cooperación internacional en esta materia.
La tercera reforma apunta al sistema penitenciario, que actualmente enfrenta un hacinamiento cercano al 29 % y una crisis que, según la carta, permanece desde hace décadas. Las organizaciones proponen revisar el uso de la detención preventiva, buscar alternativas para delitos menores y mejorar el acompañamiento de quienes recuperan la libertad, teniendo en cuenta que cerca del 75 % de las personas que salen de prisión no reciben apoyo suficiente para su reintegración.
El cuarto punto plantea fortalecer la justicia para que se enfoque en los delitos que más afectan a los ciudadanos. La propuesta busca que fenómenos como el crimen organizado, las violencias basadas en género y las estructuras que generan violencia tengan equipos especializados, mientras que conflictos de menor impacto puedan resolverse mediante otros mecanismos que permitan descongestionar el sistema.
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Con esta carta, las organizaciones le pidieron al nuevo Congreso convertir la seguridad en una prioridad legislativa y construir una política de largo plazo basada en evidencia. El llamado es a que las decisiones sobre seguridad no respondan únicamente a momentos de crisis, sino que permitan fortalecer las instituciones, reducir el delito y mejorar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
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