Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, cuestionó el papel que ha desempeñado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que una parte mayoritaria de las sentencias relacionados con las Farc ya contaba con avances en la justicia ordinaria.
En entrevista con Recap Blu, Gaviria afirmó que “el 90% de las sentencias o de las investigaciones supuestas que ha hecho la JEP estaban ya consolidadas en sentencias en la justicia ordinaria”.
Las declaraciones se dieron en medio de la discusión por el presupuesto de la JEP para 2027 y de la propuesta de trasladar $100.000 millones de esa jurisdicción hacia la Rama Judicial. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez y cuenta con el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. Ante esto, Gaviria sostuvo que la reducción de recursos debe analizarse a la luz de los resultados obtenidos por el tribunal y señaló que, desde la perspectiva de las víctimas que representa, todavía existen cuestionamientos sobre verdad, justicia y reparación.
La dirigente también cuestionó las sanciones restaurativas impuestas a antiguos integrantes del secretariado de las Farc y planteó que quienes no hayan cumplido con los compromisos de la justicia transicional deberían pasar a la justicia ordinaria.
“Cuando usted no cumple las reglas de los beneficios que le da la justicia transicional, usted tiene que ir a la justicia ordinaria”, afirmó.
Además, defendió que los procesos y testimonios que las víctimas ya han entregado puedan continuar en esa jurisdicción para evitar que los casos queden nuevamente sin respuesta.
Reclutamiento de menores de edad
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el reclutamiento de menores y otros hechos victimizantes atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc. Gaviria cuestionó que estos crímenes puedan ser respondidos únicamente mediante sanciones restaurativas y sostuvo que las víctimas reclaman penas privativas de la libertad para los máximos responsables.
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“Eso no tiene nombre y eso no tiene justicia”, expresó al referirse al reclutamiento de niños, antes de señalar que, desde su perspectiva, las víctimas estarían dispuestas a aceptar penas de entre ocho y diez años de prisión como una forma de obtener “una mínima justicia”.
Finalmente, Gaviria aseguró que la Federación Colombiana de Víctimas continuará defendiendo que los casos que, según su posición, no han tenido suficiente esclarecimiento sean llevados ante otras instancias judiciales. También cuestionó que las víctimas no hayan recibido una reparación que considere suficiente y afirmó que la organización reúne a 225.000 víctimas de diferentes hechos y victimarios acreditados.