El plan de choque del Gobierno para proteger a los líderes sociales
El fortalecimiento de la UNP y la ventanilla de denuncias son algunas de las medidas tomadas para la protección de líderes.
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Con el plan de choque anunciado por el Gobierno se pretende poner fin a las crecientes amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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Al finalizar la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de medidas para contrarrestar las amenazas y los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que de acuerdo con cifras validadas por la Fiscalía General y por Naciones Unidas, hasta el momento son 181 casos que terminan en asesinato.
Las medidas contemplan:
Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad de 4 a 10, para incluir municipios como Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame.
Un plan urgente de intervención de la Fuerza Pública para los departamentos más afectados por esta situación, como lo son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. “Se le deben 50.000 millones de pesos, ya le di instrucciones al Ministerio de Hacienda para que se los traslade hoy mismo, para que no tengan ningún problema de continuidad en sus políticas”, indicó el presidente Santos.
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Otras medidas implican priorizar dentro del “Plan Horus” la seguridad a líderes sociales y de DD.HH., con mayor presencia en las veredas de mayor riesgo.
La creación de una ventanilla única de denuncias, que manejará el Ministerio del Interior para que la atención a las amenazas de líderes sea más oportuna.
Lanzar un sistema de recompensas por información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales y de derechos humanos. Estas recompensas serán mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.
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El presidente agregó que hay pendientes varias órdenes de captura por ejecutarse, por lo que ordenó al Ejército y la Policía Nacional coordinarse con la Fiscalía General de la Nación para hacerlas efectivas lo más pronto posible.
Uno de los debates que se dio al interior de la Comisión fue la diferencia en las cifras de líderes asesinados, pues información de la Fiscalía señala que son 181 casos hasta el momento, mientras otros organismos apuntan a un número mayor. Por eso, otra de las medidas adoptadas fue la de trabajar por la unificación de las cifras para así poder determinar de mejor forma las actuaciones necesarias.
Un estudio del Centro Nacional de Consultoría y el Codhes determinó que entre enero de 2016 y junio de 2018, 311 líderes sociales han sido asesinados en Colombia.
Los Departamentos en los que más se reflejan estos crímenes son Cauca con 78 casos, Antioquia con 43 y Norte de Santander son 21.