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Durante la tarde del viernes, 6 de marzo, la Policía capturó a una persona en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santa Fe e incautó una suma de $631.000.000 pesos, de los cuales el procesado no pudo sustentar su providencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.
Además, en el departamento de Sucre, las autoridades capturaron a dos personas que transportaban $275 millones en una camioneta particular en el municipio de Sincelejo. Además, señalaron que durante el mismo día, en los departamentos del Meta, Norte de Santander, Casanare y San José del Guaviare incautaron una suma cercana a los $250 millones.
A menos de 48 horas de las elecciones de Congreso, la Policía Nacional ha incautado $2.924 millones en efectivo que podrían estar relacionados con delitos electorales, según su último reporte de cara a las elecciones de Congreso que se realizarán el próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.
Los departamentos con mayor dinero incautado son, Montería en donde las autoridades incautaron $434 millones junto a material electoral, Antioquia con $455 millones, la Guajira $145 millones, Santander $109 millones y el departamento del Meta $100 millones.
Hasta el momento por estos hechos las autoridades han capturado 28 personas, de las cuales 18 fueron dejadas en libertad, 9 están pendiente de la medida y 1 se encuentra bajo medida intramural.
Con el objetivo de que no se registren más irregularidades durante la temporada electoral, relacionados a la compra y venta de votos, la defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que actualmente "hay varios municipios en donde se ha identificado una inscripción irregular de cédulas que superan los promedios poblacionales de los municipios, así como los promedios históricos de cada uno de los municipios. Hemos solicitado al CNE tomar medidas y dijeron que los habían remitido a la Fiscalía (...) Hemos encontrado situaciones de inscripción de cédulas anormales en Tumaco, Catatumbo y otros municipios".
Finalmente, con el fin de que se realice una jornada electoral transparente y sin ninguna irregularidad las autoridades, junto a los entes gubernamentales, monitorean cada una de las acciones en sus departamentos para así garantizar unas elecciones confiables y democráticas.
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