Nuestra preocupación es la libertad con la que se desarrollarán elecciones: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo presentó un preocupante panorama de orden público frente al proceso electoral. Denunció la estrategia que ya habrían activado las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.
Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.
Elecciones 2026.
Foto: AFP.
“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.
Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.
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La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.
Disidencias FARC, referencia.
Foto: AFP.
En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.
Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.
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“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.
También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.
Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo
En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.
Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.