El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro en relación con el proceso electoral y sostuvo que cualquier ciudadano, incluido el jefe de Estado, puede expresar inquietudes siempre que no se formulen acusaciones sin sustento.
“Mientras no se acuse a nadie de haber cometido un delito, mientras no se hagan afirmaciones sin fundamento, todo colombiano, especialmente en materia electoral, tiene la posibilidad de manifestar sus dudas. La calidad presidencial no le inhibe”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al referirse al alcance de las intervenciones del mandatario en este tipo de debates.
¿Participación política de Petro?
Frente a la pregunta sobre si las declaraciones del presidente, en las que invita a continuar su proyecto político, podrían constituir participación indebida en política, Eljach aclaró que esa evaluación no le corresponde a la Procuraduría.
“La comisión es la que tiene única competencia integral para mirar las conductas del presidente, el procurador está por fuera de esa competencia”, dijo, en alusión a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
En su intervención, el procurador también envió un mensaje a los funcionarios del Ministerio Público en las regiones. Señaló que los procuradores territoriales deben tener claridad sobre los límites de la participación en política en el marco de las elecciones, especialmente frente a la actuación de servidores públicos.
Además, cuestionó los llamados públicos que se hacen para exigir avances o decisiones en casos en curso.
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“No tiene nadie autoridad moral, ni ética, ni académica, ni intelectual para andar reclamando por las redes o por los micrófonos o en la página de los impresos. Por qué el procurador está mudo (…) Porque yo trabajo para la Constitución”, sostuvo.
Eljach reiteró que, en el caso de los funcionarios públicos, sí existen restricciones claras. Explicó que no se debe permitir el apoyo a campañas ni el uso de recursos públicos con fines electorales, al considerar que estas conductas configuran participación indebida en política y deben ser objeto de sanción.
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