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Tras una reunión informal de los 9 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional, los togados determinaron que sí estudiarán el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, una vez retomen labores luego de la vacancia judicial, es decir, hasta el 13 de enero del próximo año.
Mediante un comunicado, la Corte Constitucional explicó que este control debe ejercerse conforme a los procedimientos y plazos previstos en la Constitución y en las normas que regulan la administración de justicia, garantizando principios como el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de audiencia.
En ese sentido, el alto tribunal precisó que, durante la vacancia judicial, deben respetarse las reglas legales que regulan las situaciones administrativas de los servidores judiciales, lo que genera un efecto operativo que solo puede restablecerse legalmente una vez concluya dicho receso, es decir, el próximo año.
Como antecedente, la Corte citó el caso del Estado de Emergencia declarado en diciembre de 2009, cuyo decreto fue estudiado por el alto tribunal una vez se retomaron las labores judiciales en enero de 2010.
Con esta decisión, la Corte Constitucional dejó para el 2026 el conocimiento de este caso y asimismo se hará el reparto por sorteo que corresponde para conocer a qué magistrado le corresponde ser ponente.
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