No obstante, AI denuncia que durante 2015 ambas partes cometieron "crímenes de derecho internacional y graves abusos y violaciones de derechos humanos", principalmente contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y defensores de los derechos humanos.
Tanto las fuerzas de seguridad como los grupos guerrilleros y los paramilitares perpetraron "homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y crímenes de violencia sexual, y realizaron amenazas de muerte con una impunidad casi absoluta", revela el documento.
Los grupos guerrilleros y los paramilitares siguieron reclutando a menores como combatientes, informa AI.
Tanto los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que hacían campaña por la justicia como los miembros de organizaciones de derechos humanos que los ayudaban hacían frente a amenazas de muerte y otros graves abusos contra los derechos humanos.
El informe refleja los datos recogidos hasta el 1 de diciembre pasado por la Unidad de Víctimas, que registró 7,8 millones de víctimas del conflicto, la mayoría civiles, de las que casi 6,6 millones eran desplazados forzosos, 45.000 desaparecidos y cerca de 263.000 homicidios relacionados con el conflicto.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) contabilizó, por su parte, 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados el año pasado.
AI dice que el cese de hostilidades declarado en julio pasado por las Farc y la suspensión de los bombardeos contra sus posiciones ordenada por el Gobierno parecieron mitigar algunos de los peores efectos del conflicto sobre la población civil en las áreas rurales.
El informe recuerda que en septiembre pasado, las dos partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo sobre justicia transicional, mecanismo clave para la reparación a las víctimas y la asunción de responsabilidades del conflicto armado.
Según AI, ese acuerdo "parece no cumplir enteramente las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
El texto refleja que siguieron disminuyendo las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, práctica generalizada y sistemática durante el conflicto.
Respecto a los delitos de violencia sexual, AI vuelve a señalar a todas las partes del conflicto -las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros- como responsables de estos y revela que muy pocos de los presuntos autores comparecían ante la justicia.
Sobre los grupos paramilitares, indica que seguían cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos pese a su supuesta desmovilización dentro del proceso de Justicia y Paz, promovido por el gobierno e iniciado en 2005.
AI recoge que volvió a aumentar la cifra de amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos.
Según la ONG Somos Defensores, 51 defensores de los derechos humanos murieron de manera violenta entre enero y septiembre, frente a los 45 del mismo periodo de 2014.
Cifras provisionales de la ONG Escuela Nacional Sindical revelan que 18 miembros de sindicatos murieron de forma violenta en 2015, frente a los 21 de 2014.
AI señala que siguió disminuyendo la ayuda estadounidense a Colombia, que recibió alrededor de 174,1 millones de dólares en concepto de asistencia militar, y 152,2 millones en ayuda no militar.
Colombia, según el informe, está entre los 10 países más violentos del mundo.
franz
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