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Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira. (Lea además: Legalizan captura de señalados de robar dinero a niños con desnutrición)
El juez les impuso medida de aseguramiento de detención intramural por cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La medida cobijó a Maria Isbelda Hernandez Roys, supervisora de los contratos del ICBF, Guajira, Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir y Ramiro Lizarazo, proveedor.
Según la investigación, éstas personas, al parecer habrían participado en el millonario desfalco de $2 217 066 931, al Instituto ICBF en La Guajira, en contratos realizados este año, para la atención integral de la primera infancia, niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes.
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