En su más reciente intervención, el presidente electo, Abelardo De La Espriella arremetió de manera contundente contra Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como 'Timochenko', y contra la propia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dijo que trabajará activamente para enviar a prisión al antiguo miembro del secretariado de las FARC. Este anuncio abrió un profundo debate técnico, jurídico y político en los micrófonos de Mañanas Blu, con Néstor Morales, donde diversos analistas confrontaron la viabilidad real de esta promesa de gobierno frente al bloque de constitucionalidad que ampara el Acuerdo de Paz de 2016.
El blindaje constitucional del Acuerdo de Paz
La primera gran controversia giró en torno a las facultades del poder ejecutivo para ordenar la captura de un compareciente ante la justicia transicional. Diversos panelistas del programa coincidieron en que un presidente de la República carece de la competencia jurídica directa para tomar una medida de esta naturaleza, debido al marco legal que rige en el país desde hace una década.
"El acuerdo de paz es claro y no podría el presidente de la República pasar por encima de lo que fue el acuerdo del Teatro Colón, que tiene rango constitucional. No podría hacerlo hoy, tendría que impulsar un proyecto de acto legislativo, una reforma constitucional para tumbar lo que hoy está vigente", dijo el periodista Ricardo Ospina.
En consonancia con esta postura, se recordó el desgaste político que ya vivió el país en el pasado al intentar alterar los textos de lo acordado en La Habana. Otro de los analistas complementó señalando la complejidad del trámite en el Congreso: "Todo esto requeriría una reforma constitucional que yo veo muy difícil que un gobierno cualquiera que sea se desgaste en este tema".
Asimismo, se enfatizó que el proceso judicial no es de resorte presidencial: "Sería un desgaste enorme intentar modificar el acuerdo, eliminar la JEP, intentar pretender la cárcel como el castigo que pues seguramente se merecían, pero pues no fue el convenido con los miembros de la guerrilla de las FARC", opinó Héctor Riveros.
Cuestionamientos a la JEP y el cumplimiento de las víctimas
Por otra parte, el debate en Mañanas Blu también le dio voz a las posturas críticas que coinciden con el malestar expresado por el presidente electo De la Espriella. Para este sector de la opinión y del panel, los exmiembros de las FARC han quedado en deuda con las obligaciones del sistema de justicia, reparación y no repetición.
Felipe Zuleta cuestionó abiertamente la legitimidad con la que actúan los desmovilizados: "Timochenko y los demás tampoco cumplieron el acuerdo. No aceptaron todos los delitos, no devolvieron todos los bienes. Está bien, ellos incumplieron el acuerdo. Entonces el tema es, a ver, un momentico, si ellos incumplieron el acuerdo, ¿por qué el Estado colombiano debe cumplirlo?".
Publicidad
Adicionalmente, se pusieron sobre la mesa las millonarias cifras operativas del tribunal transicional y sus bajos resultados tangibles en cuanto a condenas en firme tras diez años de vigencia: "La JEP le ha costado al país más de 4 billones de pesos, ha producido 2 sentencias en el caso 01 y 02. La 01, que era el secretariado de las FARC, y es básicamente que su sentencia es irse a sembrar zanahorias".
La mesa concluyó advirtiendo que, si bien el malestar ciudadano frente a los beneficios penales de las FARC es real y representó un capital político clave para la elección de De La Espriella, la vía para exigir responsabilidades sigue perteneciendo exclusivamente a la magistratura.
Vea el debate completo en Mañanas Blu
Publicidad