La lista comienza con Juan Carlos Losada Perdomo, que trabajaba en la oficina jurídica interna y dependía del canciller suspendido Álvaro Leyva. Él estaba atendiendo por instrucción de Leyva la nueva licitación que se pretendió hacer, era el enlace entre el equipo de estructuración de ese proceso y el canciller.
El siguiente nombre es el de la coordinadora de contratos, Lida Magali Rodríguez. Ella era el enlace entre la Cancillería y la Presidencia para la arquitectura tecnológica del Ministerio, pero fue nombrada por
José Antonio
Salazar como coordinadora de contratación. El único pecado de la funcionaria fue ser cercana a Salazar y ser enlace entre el secretario general y el comité evaluador de la anterior licitación de pasaportes, la que fue declarada desierta por Leyva.
La siguiente persona en salir fue Francy Ramírez, de jurídica interna. Ella fue quien preparó la resolución con la que el canciller Murillo le devolvió a la secretaria general las competencias del proceso de licitación de pasaportes, un simple acto administrativo que al parecer la sacó de la Cancillería.
Del ministerio también salieron un par de asesores cercanos al exsecretario, entre ellos, una abogada que llevaba más de siete años en la cancillería que trabajaba en el despacho de Leyva, ella fue quien puso el visto bueno del documento con el que se hizo el traslado de funciones que hizo murillo a Salazar, es decir, quien revisó el documento, la ortografía y que todo estuviera en orden.
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Así las cosas, entonces, por ahora son seis funcionarios los que salieron de su cargo por este polémico proceso de licitación.
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