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Esposa de secretario jurídico de Palacio aumentó contratos con el Estado desde que él llegó al cargo

Se conocieron 10 contratos que habría conseguido la esposa del secretario jurídico, sin embargo, aquí no representaría un conflicto de intereses, como en el caso de Andrés Mayorquín y su esposa Karen Váquiro.

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BLU Radio. Casa de Nariño /
Foto: Presidencia

Este viernes, 14 de enero, se conoció que la abogada Claudia Marcela Montealegre, esposa desde 2004 de Germán Quintero, secretario general de Palacio, obtuvo 10 contratos desde que él llegó a esa posición en enero 12 de 2021, reemplazando a la doctora Clara Lucía González.

Este es un caso que no presenta inhabilidades a diferencia del revelado por Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, del asesor Andrés Mayorquín y su esposa Karen Váquiro que negaron ser esposos para contratar en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

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En este caso, la señora Montealegre ha dejado claro su vínculo marital con el secretario jurídico Germán Quintero y lo han sometido a análisis a la hora de presentar sus servicios de asesoría jurídica.

Consultamos el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), donde está el detalle de la contratación con el Estado y la señora Montealegre ha firmado 16 contratos en 2 años, 2020 y 2021, 10 de ellos desde que su esposo está en el cargo en Palacio, de hecho firmó un contrato con el Departamento Nacional de Planeación por 198 millones de pesos, otro por 106 millones con el Ministerio de Cultura y otro por 83 millones de pesos, con el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia el mes en que su esposo llegó a la Casa de Nariño.

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Estas son las entidades con las que la señora Montealegre ha contratado: Departamento Nacional de Planeación, Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, Coljuegos, Alcaldía de Armenia.

La suma de los 10 contratos que ha firmado la abogada Montealegre en 2021, ascienden a un total de 852’354.803 millones de pesos.

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Si bien hoy, la ley permite que una persona natural tenga varios contratos directos con el Estado, si presentan posibles conflictos de intereses, los cuestionamientos desde el Congreso y otros sectores a este tipo de contratos, es que habría un tráfico de influencias para favorecer a los cónyuges de los funcionarios de Palacio, valiéndose de esos cargos en vez de revisar otros perfiles capacitados.

Escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti:

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