En un documento de más de 390 páginas, la antigua guerrilla de las Farcrespondió a la Justicia Especial para la Paz por la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad.
En esta respuesta, las exFarc aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra como secuestro con fines económicos y la retención de civiles con la finalidad de “canje”.
Sobre los crímenes de violencia sexual, afirmaron que “no se trataba de una política de la organización o una práctica sistemática”.
“Todo lo anterior involucra hechos de violencia sexual, tratos crueles y otros crímenes que hubieran ocurrido, aislada o de manera concurrente. En todo caso nunca fue una política de la organización aprovechar la condición de la captura y posterior secuestro o privación de la libertad para cometer hechos de violencia sexual. Por el contrario, era una conducta prohibida estatutariamente y castigada cuando era conocida por las comandancias o cualquier instancia superior”, afirmó Rodrigo Londoño.
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Aseguraron que, para aceptar la responsabilidad, los hechos de violencia sexual debieron ser cometidos con plena consciencia y dolo, lo que, según afirmaron, no ocurrió por parte de los comparecientes y miembros de la antigua guerrilla.
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“Una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte, únicamente, si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. En este sentido, cuando un ataque generalizado o sistemático contra la población civil se configura, para que sea considerado como crimen de lesa humanidad, debe ser realizado con dolo o ‘mens rea’ del autor”, argumentaron en el documento.
Asimismo, aceptaron que la práctica de secuestro se realizó al interior de la organización con fines económicos y de control territorial.
“Reconozco mi responsabilidad respecto de los hechos y conductas ocurridos en el marco del diseño, planeación y ejecución de las políticas relativas al secuestro con fines económicos, políticos y militares. Lo anterior entendiendo que son conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario”, aseguró Londoño.
El secuestro y la retención de personas, según los miembros de la antigua guerrilla, también se realizó con finalidades de canje, práctica de la cual, también fueron víctimas oficiales y suboficiales.
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De esta manera, reconocieron la responsabilidad por “retener oficiales y suboficiales capturados, en operaciones o acciones militares, por razones humanitarias y posteriormente para “canje” con el fin de buscar un intercambio de prisioneros políticos de las FARC-EP”, según Londoño.
Así mismo, el compareciente Julián Gallo también asumió “la responsabilidad por el hecho concreto del conocimiento que tenía sobre una de las formas de financiación de nuestra organización, que hoy, tras haber escuchado distintos relatos de víctimas, entre otras, considero equivocada: el secuestro de civiles, de quienes se exigía una suma de dinero para su liberación”.
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Finalmente, las exFARC, informaron que entre el próximo lunes 10 y viernes 14 de mayo, comparecerán ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para brindar información sobre los desaparecidos que se les atribuye.
“Esto, se hará en cumplimiento del numeral 6° del auto, con el fin de concretar los cronogramas y diferentes aspectos para la búsqueda. Se hará articulando esta labor de búsqueda con Firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes que pertenecieron a las diferentes estructuras de las antiguas FARC- EP, de acuerdo con lo ordenado en el numeral sexto del Auto 019”, concluyeron.
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