La Procuraduríaabrió 30 procesos disciplinarios por presunta violación de los derechos humanos durante las jornadas de protestas en el país y anunció que asumió el conocimiento de 18 procesos contra policías, luego de analizar 49 actuaciones disciplinarias que se adelantaban en esa institución.
Por ello inició indagaciones preliminares en contra de uniformados por las muertes de un menor de 17 años, y seis adultos en Cali (Valle del Cauca), dos ciudadanos de 19 años y 24 años, ocurridas enIbagué(Tolima) y Madrid (Cundinamarca). Asimismo, se avanza en dos procesos disciplinarios por presunto abuso sexual ocurrido en Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas).
Las otras indagaciones que se adelantan: dos por presunto abuso de autoridad enBogotá y Risaralda; dos por lesiones personales en Bucaramanga y Bogotá; y dos con ocasión de agresiones físicas registradas en Medellín (Antioquia).
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En relación con las acciones violentas, agresiones e intimidaciones de las que fueron víctimas integrantes de la Comisión Humanitaria en Cali, la Procuraduría adelanta las averiguaciones contra miembros de la Policía Nacional, con el fin de determinar las circunstancias en que se dieron los hechos.
Frente a las otras 32 investigaciones disciplinarias que avanzan en la Inspección de la Policía, la Procuraduría anunció que vigilará los procesos y determinará que no haya irregularidades.
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El Ministerio Público reveló que, a través de sus procuradurías regionales, adelanta investigaciones en Fusagasugá (Cundinamarca) por dos denuncias de agresión de la Fuerza Pública a ciudadanos en Soacha.
En la Regional Cauca dos casos por presunto uso excesivo de la fuerza. Otro hecho relacionado con agresiones a líder de derechos humanos.
En Manizales una denuncia de agresión con gases a ciudadanos que se movilizaban en un bus de servicio público.
En Meta una denuncia de un líder indígena.
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En Santander se recibió queja por agresiones a ciudadanos durante la jornada de protestas.
En Boyacáse investiga la presunta violación de derechos humanos a representantes de ONG y en Pasto la denuncia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que habría sido agredida por agentes de la Policía Nacional.
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En Monteríauna queja contra ocho policías por supuestamente atentar contra el derecho a la protesta.
En Yarumal se investigan posibles agresiones a campesinos.
Finalmente, la Procuraduría comisionó a 15 funcionarios para que intervengan en los procesos penales que adelanta a Fiscalía y la Justicia Penal Militar contra uniformados.
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