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El Consejo de Estado dio un paso decisivo en la adecuación de las normas disciplinarias colombianas al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, lo que, según el magistrado Milton Chávez, presidente de esta alta corte, representa un cumplimiento integral de las directrices internacionales y de la Constitución Nacional. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado detalló el impacto del fallo y aclaró cómo se ajustarán los procesos sancionatorios contra funcionarios públicos de elección popular.
El fallo establece que la Procuraduría General de la Nación conservará sus facultades investigativas y sancionatorias, pero las decisiones que impliquen destituciones o inhabilidades de funcionarios elegidos popularmente deberán ser revisadas y ratificadas por el Consejo de Estado antes de hacerse efectivas.
“El examen que hace el Consejo de Estado es integral, abarcando la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de la actuación de la Procuraduría. Solo una vez concluido este trámite, la sanción podrá ejecutarse”, afirmó el magistrado Chávez, quien dijo en Blu Radio que esta revisión garantizará el respeto al principio de reserva judicial exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El magistrado Chávez calificó la decisión como una solución transitoria mientras el Congreso de la República desarrolla un marco legislativo definitivo para cumplir plenamente con los estándares internacionales.
“El Congreso debe implementar la solución legislativa para que el principio de reserva judicial quede completamente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló.
Aunque esta sentencia da claridad inmediata al rol del Consejo de Estado, también implica que los legisladores deberán trabajar en una ley que fortalezca estas garantías.
El fallo introduce un modelo que algunos podrían considerar complejo, ya que se suman nuevas etapas al procedimiento disciplinario. Según explicó el magistrado, ahora los procesos pasarán por dos instancias dentro de la Procuraduría y dos más en el Consejo de Estado.
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Ante la preocupación de que este esquema pueda dilatar los casos, Chávez aseguró que el control judicial será automático y que los términos establecidos por ley, como el plazo de seis meses para la revisión, deberán cumplirse estrictamente. “Esto no es un detrimento para la administración de justicia, sino una mejora que asegura mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales”, indicó.
En cuanto a la posible retroactividad de la decisión, el magistrado fue enfático: “Las decisiones que ya fueron objeto de control judicial no se verán afectadas; esta sentencia aplica únicamente a casos futuros o pendientes de revisión”.
Esto deja fuera de su alcance casos recientes como los de Daniel Quintero, suspendido como alcalde de Medellín, y Alex Flores, senador sancionado por la Procuraduría. Sin embargo, las nuevas reglas beneficiarán a otros funcionarios que enfrenten procesos disciplinarios en el futuro.
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El fallo ha sido percibido como una alineación con las críticas del presidente Gustavo Petro hacia la Procuraduría. Sin embargo, el magistrado Chávez evitó hacer comentarios políticos, insistiendo en que la decisión responde únicamente al cumplimiento de las órdenes de la CIDH y de la Corte Constitucional.
“No estamos en rebeldía con la Corte Interamericana, sino integrando sus directrices al bloque de constitucionalidad colombiano”, afirmó Chávez. Aun así, reconoció que tanto el presidente como la Procuraduría podrían sentirse satisfechos con la decisión, al haberse clarificado el camino para que las sanciones respeten plenamente los derechos humanos.
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