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Farc no cedió un milímetro; Gobierno terminó sometido: procurador sobre víctimas

El procurador Alejandro Ordóñez se refirió en rueda de prensa al acuerdo alcanzado entre Gobierno y Farc en el tema de víctimas, anunciado este martes en La Habana, asegurando que “no ofrece seguridad jurídica”.

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Alejandro Ordóñez / Foto: Foto Twitter @PGN_COL
Alejandro Ordóñez / Foto: Foto Twitter @PGN_COL

Ordóñez afirmó que el acuerdo alcanzado no es en favor de las víctimas y de la justicia sino por el contrario “ayuda a los victimarios y a la impunidad”. 

Dijo que es claro que la ausencia de reclusión “activará la competencia de la Corte Penal Internacional” por lo que advirtió que quienes “creen beneficiarse con la impunidad pactada, terminarán por desfilar por los estrados judiciales, que no les quepa la menor duda”.  (Lea también: Estos son los miembros de la comisión de víctimas que viajó a Cuba ).
 
Agregó que las sanciones no son proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos, desconoce las condenas previas y “genera impunidad total para el narcotráfico”. 
 
Este es el texto completo del comunicado: 
 
Conforme al texto del Acuerdo publicado y en ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 277 de la Constitución y en el Decreto 262 de 2002, la Procuraduría General de la Nación hace las siguientes observaciones:
 
El Acuerdo no es un Acuerdo a favor de las víctimas ni de la justicia, sino a favor de los victimarios y de la impunidad.
 
Las FARC no se movieron un milímetro y el Gobierno terminó por someterse a sus exigencias. El resultado es un Acuerdo de Impunidad e injusticia.
 
1. Sanciones no proporcionales a la gravedad del crimen cometido
 
Los máximos responsables de atrocidades no tendrán un solo día de reclusión.
 
En cambio, el Acuerdo consagra sanciones groseras y manifiestamente inadecuadas, por no ser proporcionales a la gravedad de los crímenes. 
 
Los victimarios de las FARC o los agentes estatales responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños, no cumplirán un solo día de pena de reclusión, serán sancionados con “obras, actividades y trabajos”, en otras palabras, con trabajo comunitario. 
 
Solo les bastará reconocer la verdad y su responsabilidad en esas atrocidades. La sanción pactada es una comedia, una parodia, un truco. Es además un aliciente para la repetición. 
 
Además, las “restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”, no son privación de la libertad, sino requisitos mínimos que debe observar el victimario para poder cumplir con el trabajo comunitario que se le imponga como sanción. 
 
Como si eso fuera poco, el Acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko”, da el derecho a los victimarios de escoger el tipo de trabajo comunitario que quieren hacer. Sanción a la carta. Sí, los condenados pueden proponer la sanción que la obra, actividad o trabajo que les apetezca. ¿Qué más quieren?
 
2. No otorga seguridad jurídica
 
En 2013 la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda señaló a la Corte Constitucional que “… una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas”. 
 
Subrayó que “Debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
 
Por tratarse de una situación de impunidad, es claro que la ausencia de reclusión activará la competencia de la Corte Penal Internacional.
 
Al no cumplir con el derecho internacional, el Acuerdo de Justicia no ofrece seguridad jurídica. Eso deben tenerlo claro los señores de las FARC. Repito: ¡No ofrece seguridad jurídica!
 
Tarde que temprano quienes creen beneficiarse con la impunidad pactada terminarán desfilando por estrados judiciales. ¡No les quepa la menor duda!
 
Un Acuerdo que carezca de seguridad jurídica, no se puede cumplir y no es útil para alcanzar una paz estable y duradera. 
 
3. Desconoce las condenas previas
 
El acuerdo permite omitir las condenas impuestas por los jueces, con el fin de cambiar la pena de cárcel por una sanción simbólica de trabajo, obra u actividad, para quien reconozca responsabilidad y verdad. 
 
Esa es una medida que desconoce a la justicia ordinaria, para satisfacer la demanda de impunidad de los victimarios, ya sea que pertenezcan a grupos ilegales o sean agentes estatales que actuaron como criminales.
 
4. Se legitima el crimen atroz como medio de acción política
 
El Acuerdo pretende garantizar que independientemente de la gravedad del crimen cometido, los victimarios, sean agentes estatales o guerrilleros, tengan el derecho a participar en política, esto es, el derecho a gobernar a Colombia. Otra forma de impunidad. 
 
Actualmente, una sentencia condenatoria, por cualquier delito, excluye de la participación política. Es parte de la sanción por infringir la ley penal. 
 
5. Las FARC no se comprometen a entregar su fortuna
 
Según la Revista Forbes, las FARC es la tercera organización terrorista con mayores ingresos del planeta: 600 millones de dólares al año, esto es, algo menos de dos billones de pesos. 
 
Sin embargo, en el Acuerdo no hay una sola sílaba que obligue de manera clara y expresa a las FARC a entregar su riqueza para reparar a las víctimas.  
 
Actos de reconocimiento de responsabilidad como el realizado por las FARC en Bojayá son muy importantes, pero no son sinceros sino retóricos, si ese grupo se niega a entregar su millonaria riqueza para reparar a las víctimas.
 
6. Impunidad total para el narcotráfico
 
Otra medida más de impunidad es la que cobija al narcotráfico, la minería criminal y el lavado de activos. El Acuerdo establece las bases para que se les conceda el carácter de conexos con el delito político. 
 
Consecuencia de ello el narcotráfico, la minería criminal y el lavado de activos, cuando los ejecuten miembros de las FARC, serán objeto de amnistía e indulto en Colombia. 
 
Adicionalmente, se blinda a los capos de las FARC ante la justicia norteamericana y se les da licencia para que sigan traficando cocaína a los Estados Unidos y Europa hasta tanto se firme el Acuerdo final. Ya tienen asegurada la impunidad. 
 
La extradición como mecanismo de cooperación contra el crimen transnacional desaparece, no solo por el tráfico de drogas, sino por crímenes como el secuestro o el asesinato de extranjeros perpetrados por integrantes de las FARC. 
 
Estos ejemplos demuestran que el Acuerdo es un instrumento para garantizar impunidad y favorecer a los victimarios.
 
7. Preguntas
 
Surgen del texto unas dudas que el Gobierno Nacional debe aclarar inmediatamente:
 
En diversos apartes del documento se hace referencia a que su aplicación cobija a “todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado” (No. 15). Más adelante se refiere a los integrantes de las FARC, agentes estatales y “otros actores que hayan participado en el conflicto” (No. 34).  Es necesario que se aclare: 
 
¿Cuáles son esos “otros actores”? 
¿Están comprendidos los miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia? 
¿Las Bandas Criminales del Narcotráfico, Bacrim? 
¿Los parapolíticos?
¡Los Acuerdos deben ser absolutamente claros, precisos, sin ambigüedades!
 
Sería muy grave que se resuciten aparatos políticos ligados a mafias regionales, al permitirse que condenados por la llamada parapolítica puedan ser objeto de una nueva sanción en el marco de la jurisdicción especial, sanción que no comportaría inhabilidad para participar en política. 
 
Se debe precisar si la anulación de las sanciones disciplinarias contra personas por su relación con grupos armados ilegales, como el caso de los parapolíticos, se van a levantar para posibilitar a estos el retorno a la política. 
 
Igual de inconveniente sería brindar impunidad en materia disciplinaria a los agentes estatales que violaron los derechos humanos, infringieron el derecho internacional humanitario o se asociaron con grupos criminales. Más grave aún permitirles participar en política.
 

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