
Fedemunicipios alerta explosión social por ley que ordena a alcaldías asumir alimentación de presos
Esta ley entra en vigencia el próximo 1 de julio.

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El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto del Toro, alertó que la entrada en vigencia de la Ley 2346 que traslada la responsabilidad del pago de la alimentación de los privados de la libertad a las alcaldías y gobernaciones, podría generar una “explosión social”, ya que las entidades territoriales no cuentan con los recursos suficientes para asumir estos altos costos.
De acuerdo a Del Toro, durante su visita al Congreso Nacional de Municipios, que se realiza en Cartagena, los alcaldes le pidieron al presidente Gustavo Petro que presente un proyecto de ley con mensaje de urgencia que permita resolver este “problema” antes del 1 de julio, fecha en que entrara en vigencia en esta nueva norma.
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“Estamos muy preocupados, esto puede ser una bomba de explosión social incalculable, porque lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Los municipios no tienen los recursos, algunos municipios tienen en esa materia que aportar recursos muy importantes y no los tienen y aquí estamos hablando desde la comida, que todos los seres humanos necesitamos para vivir. Esto no es un tema de aplazar o no la construcción de una obra”, sostuvo.
Asimismo, el presidente de Fedemunicipios dijo que debe ser el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, que continue asumiendo este pago.
“El proyecto de ley, lo que tiene que establecer, es que seguirá siendo el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, quien traslade estos recursos, mientras buscamos una solución definitiva”, sostuvo.
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Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que esta es una situación que genera preocupación entre las entidades territoriales pues los recursos son limitados.
“Nos va a tocar escoger si le damos comida a los niños o a los privados de la libertad, a los presos. Nos toca escoger hoy si le damos comida a los niños de los colegios a los presos, yo creo que eso es un tema humanitario también, pero no puede ser competencia de las entidades regionales, y no puede seguir la Corte Constitucional, a la cual respeto y admiro profundamente también, seguir legislando, para eso está el Congreso de la República. Nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente”, señaló el gobernador Arana.