Los acercamientos entre la Federación Colombiana de Municipios y el Gobierno nacional comienzan a dar señales de avance tras la alerta lanzada por los alcaldes del país por la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advirtieron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación y salud en los territorios.Luego de una reunión con el Ejecutivo, la Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos y, en su lugar, proyectar un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Ese monto representaría un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a lo asignado en 2025, lo que permitiría aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de programas básicos a cargo de las administraciones locales.De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las dificultades obedecen a una situación puntual asociada con la última doceava del año 2025. Esa fracción presentó una reducción cercana al 48 %, como resultado del cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación correspondientes al año 2024, particularmente por el comportamiento del recaudo tributario durante ese periodo.La Federación explicó que este ajuste generó un impacto inmediato en la caja de varios municipios, lo que encendió las alertas entre los mandatarios locales ante la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cumplir compromisos y la ejecución de programas sociales. Por esa razón, se abrió una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar salidas que eviten una afectación mayor en las finanzas territoriales.En ese contexto, la Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanza en la construcción de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026. El objetivo, según se ha indicado, es evitar traumatismos en el flujo de caja de los municipios y garantizar una programación más equilibrada de las transferencias del SGP.Como parte de ese proceso, se anunció que el próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión virtual, en la que se espera concretar una solución de fondo y obtener un compromiso formal por parte del Gobierno nacional frente a la recomposición de los recursos.
La Alcaldía de Bogotá no tendrá que transferir el 10 % del recaudo por concepto de multas de tránsito a la Federación Colombiana de Municipios. Así lo determinó el Consejo de Estado que, en una decisión de segunda instancia, negó pretensiones de la agremiación que había demandado al distrito y a sus Secretarías de Hacienda y Movilidad.La Federación reclamaba un monto superior a los $383.000 millones, de los cuales $225.000 millones correspondían a intereses de mora, alegando que desde 2002 el Distrito no había transferido los recursos que por ley le debía a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).La capital del país, en su defensa sostuvo que dicho porcentaje constituye una contraprestación derivada de la gestión operativa del sistema, y no un derecho automático sobre todos los recaudos.Además, señaló ante el alto tribunal que la Federación no había prestado un servicio efectivo en la administración de las multas distritales, las cuales son gestionadas directamente por la Secretaría de Movilidad.Tras analizar las posturas, el Consejo de Estado ratificó la decisión que ya había emitido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinando que dicho pago del 10 % no era obligatorio pues obedecía a una retribución por la gestión efectiva y no una renta automática.Otro de los puntos plasmados en la decisión fue que las reclamaciones habían caducado, pues eran de antes del 1 de noviembre de 2015 habían prescrito al exceder el plazo legal de dos años para interponer la acción de reparación directa.Con esta sentencia, el Consejo de Estado pone fin a una disputa de más de siete años que enfrentó a la Federación de Municipios y al Distrito Capital por la interpretación del alcance financiero del SIMIT.El alto tribunal, con ponencia del consejero William Barrera Muñoz, reiteró que la Federación sí conserva la facultad de administrar el sistema nacional de información, pero sus ingresos deben provenir exclusivamente de la gestión realizada en el marco de esa función, sin que pueda reclamar recursos por la actividad recaudadora propia de las autoridades locales.
La Federación Colombiana de Municipios le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro asegurando que, según autonomía territorial establecida en la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa en sus territorios y por tanto, no tienen superior jerárquico.“Uno de los avances más significativos de la Carta Magna fue precisamente romper la relación de jerarquía que antes existía entre presidente, gobernadores y alcaldes, estableciendo el principio de autonomía territorial. En este sentido, el presidente de la República no es jefe de los gobernadores, ni de los alcaldes”, aseguró la Federación en un comunicado.Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que afirmó ser “el jefe del alcalde” de Cali, Alejandro Eder, por los apoyos en seguridad enviados a la ciudad tras varios hechos violentos.“Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, ministro de Defensa’. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército”, dijo desde un evento en Cauca.De acuerdo con la Federación, la autonomía territorial no significa aislamiento ni ausencia de coordinación con el Gobierno Nacional, sino el reconocimiento de que cada nivel de gobierno tiene competencias propias que deben ser respetadas.En este sentido, ni el presidente es jefe de los gobernadores, ni estos lo son de los alcaldes, pues todos responden directamente a la ciudadanía que los elige mediante voto popular.Esta discusión con el alcalde de Cali se suma a las múltiples diferencias que el presidente Petro ha tenido con otros mandatarios por temas de seguridad o como ocurrió la semana pasada cuando se conoció el plan de alcaldes de Cali y Medellín de viajar a Estados Unidos a sostener reuniones de alto nivel para evitar una desertificación.
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto del Toro, alertó que la entrada en vigencia de la Ley 2346 que traslada la responsabilidad del pago de la alimentación de los privados de la libertad a las alcaldías y gobernaciones, podría generar una “explosión social”, ya que las entidades territoriales no cuentan con los recursos suficientes para asumir estos altos costos.De acuerdo a Del Toro, durante su visita al Congreso Nacional de Municipios, que se realiza en Cartagena, los alcaldes le pidieron al presidente Gustavo Petro que presente un proyecto de ley con mensaje de urgencia que permita resolver este “problema” antes del 1 de julio, fecha en que entrara en vigencia en esta nueva norma.“Estamos muy preocupados, esto puede ser una bomba de explosión social incalculable, porque lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Los municipios no tienen los recursos, algunos municipios tienen en esa materia que aportar recursos muy importantes y no los tienen y aquí estamos hablando desde la comida, que todos los seres humanos necesitamos para vivir. Esto no es un tema de aplazar o no la construcción de una obra”, sostuvo.Asimismo, el presidente de Fedemunicipios dijo que debe ser el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, que continue asumiendo este pago.“El proyecto de ley, lo que tiene que establecer, es que seguirá siendo el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, quien traslade estos recursos, mientras buscamos una solución definitiva”, sostuvo.Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que esta es una situación que genera preocupación entre las entidades territoriales pues los recursos son limitados.“Nos va a tocar escoger si le damos comida a los niños o a los privados de la libertad, a los presos. Nos toca escoger hoy si le damos comida a los niños de los colegios a los presos, yo creo que eso es un tema humanitario también, pero no puede ser competencia de las entidades regionales, y no puede seguir la Corte Constitucional, a la cual respeto y admiro profundamente también, seguir legislando, para eso está el Congreso de la República. Nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente”, señaló el gobernador Arana.
Roy Barrera, embajador de Colombia en Reino Unido y exsenador, defendió férreamente el retorno de Laura Sarabia a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.En diálogo con medios de comunicación durante su paso por el Congreso Nacional De Fedemunicipios, en Cartagena, Barreras aseguró que, la cuestionada funcionaria del Ggobierno del presidente Gustavo Petro, es un ejemplo para las mujeres jóvenes colombinas por su eficiencia y por saber hacer sus tareas.“Es una gran noticia, las mujeres jóvenes de Colombia tienen allí un ejemplo de cómo con tesón y eficiencia, una joven profesional que no nació apadrinada, que no tenía privilegios, que es una mujer como cualquier otra de clase media a punta de su capacidad y compromiso es capaz de hacer las tareas, Laura hace tareas (…) y lo que los colombianos exigen de cualquier gobierno es que haga de haga tareas, bueno ella ha llegado a ayudar a hacerla”, dijo.El embajador señaló, además, que el “único pescado” de Sarabia fue ser víctima de un robo o quizá un montaje.“El ejercicio público en Colombia tiene tantas dificultades que aquel que levanta la cabeza, le tiran piedras (…) pero en lo que a mi como colombiano puedo observar, ¿cuál es el pecado de Laura Sarabia? Que fue víctima de un robo o quizá un montaje, no hay nada en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo, que es servirle a Colombia con una abnegación enorme, Laura trabaja más de 20 horas al día”, puntualizó.Roy Barreras sobre Salvatore MancusoEntretanto, el exsenador del Pacto Histórico, también se refirió a la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país, del cual dijo que no cree que venga con ánimo de venganza, sino a decir la verdad.“Yo no espero ni nadie que Mancuso venga con ánimo de venganza, ni a perjudicar a nadie, sino a decir la verdad y a garantizar la no repetición es la es la principal tarea (…) Mancuso tiene que mucho aportar en materia de verdad, pero también tiene un mensaje claro su sola presencia, cualquier miembro del estado: senador, gobernador, alcalde, que tenga complicidad con grupos criminales, empeora la violencia, y eso termina en desangre, no se puede hacer ningún trato con la mafia, se gobierna con el pueblo y con las organizaciones criminales”, afirmó.Barreras también aseguró que “el país tiene un problema serio en materia de seguridad”, y que la cooperación internacional es un excelente aliado para apoyar el trabajo en las regiones a través de la inversión en tecnología, por ejemplo con dotación en cámaras de seguridad.“Necesitamos más cooperación en equipamientos, porque hoy la inmensa mayoría de esa maldición que es el narcotráfico avanza por ríos, mares, por lo esteres, en el sur del país, en el pacifico, y necesitamos más equipos para poder contratarlo”.
La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, expresó su preocupación por la derogación del decreto 1844 de 2018 que reglamentaba parcialmente el Código de Policía y que hacía referencia a la actuación de la Policía en el momento de registrarse una infracción a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.Es por eso que la organización le pidió al Gobierno nacional modificar el decreto expedido el pasado 7 de diciembre y mantener las facultades policivas de prevención en aras de mantener el bienestar de las comunidades locales y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.“Según lo expresado por el ministro de Justicia, el decreto 2114 de 2023 busca derogar la sanción administrativa a quien porte la dosis personal de estupefacientes; por lo tanto, solicitamos que se modifique el decreto expedido el pasado 7 de diciembre para que el propósito del Gobierno nacional quede más claro”, aseguró Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.Además, Fedemuncipios le solicitó al Gobierno nacional claridad ante los vacíos que ellos evidencian en este decreto que anula una directriz del expresidente Iván Duque.Cabe mencionar que en medio de la polémica por el decreto 2114 de 2023, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró que con este decreto buscan alinearse con las sentencias de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima y así “atacar a los comercializadores de drogas” y no a las personas que consumen sustancias psicoactivas.Puede ver:
La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, manifestó su rechazo por el brote de violencia que se está presentando en los territorios. De igual forma, le solicitó con urgencia acciones al Gobierno para que se brinden todas las garantías de seguridad a los ciudadanos, previo a las elecciones regionales del mes de octubre y también durante la jornada electoral.“Los municipios colombianos son escenarios de tranquilidad y los mandatarios locales vemos con preocupación la falta de compromiso de distintos grupos armados ilegales con el proyecto de Paz Total propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro incrementándose el crimen, generando zozobra y miedo en las poblaciones”, señaló Fedemunicipios en el comunicado.De igual manera, la Federación ratificó su respaldo a la fuerza pública: “Son nuestros soldados y policías unos grandes aliados de los alcaldes y las comunidades para garantizar la seguridad en las localidades; así como nuestro compromiso con la institucionalidad para superar los hechos que atentan contra el orden, la convivencia y la paz en los municipios del país”.La advertencia que hace la federación llega en medio de una semana de tensiones entre diferentes grupos armados ilegales. En Buenaventura, la difícil situación de orden público en Buenaventura con los enfrentamientos entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ tiene en vilo a las comunidades. Razón por la cual, el Gobierno tuvo que liderar una toma en la región.Además, en los municipios de los Santanderes, estructuras criminales secuestraron a 19 trabajadores de una empresa en el proyecto Transversal del Catatumbo, que posteriormente fueron liberados, pero sembraron preocupación a las víctimas y sus familiares, sumado a un ataque con un explosivo a una estación de policía en Bucaramanga que dejó 6 heridos.Hay que resaltar que, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la posibilidad de renegociar los ceses al fuego con tres agrupaciones ilegales, sin embargo, desde que finalizaron los decretos el pasado 30 de junio, solo se tiene claridad de un cese al fuego bilateral con el ELN entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024.Le puede interesar:
El artículo sobre Ley de Garantías en el presupuesto de 2022, aprobado por el Congreso, permitirá inversiones por 4 billones de pesos, que no habría podido hacerse si se mantenía la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en época electoral, según el Gobierno.“Atender las necesidades de los más vulnerables de nuestro país es el propósito de este artículo y, además, dijimos que vamos a garantizar que se cumpla con criterios de integridad en la contratación pública”, señaló el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.Esa integridad estaría garantizada por un artículo que obligará a los alcaldes y gobernadores a usar pliegos tipo para esos convenios y, con la revisión por parte de la Contraloría General de la República.El Gobierno asegura que los alcaldes estuvieron con las manos atadas durante casi año y medio por cuenta de la pandemia y, que mantener la restricción habría alargado la parálisis un año más.“A través de Asocapitales, Fedemunicipios, Fededepartamentos, los alcaldes y gobernadores de nuestro país de distintos partidos políticos, de distintas ideologías, distintos colores, lo solicitaron”, agregó.El artículo ha sido blanco de fuertes críticas por parte de políticos, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que ven un cambio de reglas en plena carrera electoral que genera suspicacias, fomenta las malas prácticas y aumenta la polarización en el país.Se espera que el artículo sea demandado ante la Corte Constitucional una vez se sancione la ley del presupuesto.Escuche la noticia en el audio adjunto:
La Gobernación de Santander alista un manual con el protocolo que deben cumplir los alcaldes de 80 municipios donde no se han presentado casos de coronavirus y que podrian reabrir actividades ecónomicas y sociales de forma gradual a partir de la próxima semana “Estamos evaluando, puede ser que haya cierre de fronteras y nos reactivemos internamente, creo que nosotros somos auto sostenibles, por decirlo de alguna forma, tenemos una despensa muy importante, despensa agrícola, tenemos industria, entonces yo creo que podemos reactivarnos internamente pero eso se estará evaluando para tomar una decisión de manera oficial y de fondo sobre este tema”, afirmó en diálogo con BLU RADIO el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.La comunicación terrestre entre los municipios se mantendría cerrada por precaución. Las fronteras con los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Cesar y Antioquia continuarán cerradas, señaló el gobernador Aguilar Hurtado. Lo anterior referente al anuncio de la Presidencia de la República sobre la reapertura de la vida económica en 890 municipios donde no hay casos de COVID-19.En Santander en este momento hay 40 casos de coronavirus ubicados en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Barrancabermeja, Cimitarra, Concepción y Curití, de tal forma que en los demás municipios de la región no hay casos de contagio en este momento.Recientemente dos personas más lograron superar la enfermedad, para llegar a un total de 31 pacientes recuperados del virus a la fecha en el departamento: dos mujeres de 23 y 63 años de edad, quienes se encuentran en sus viviendas con buen estado de salud, en Bucaramanga.
La crisis del coronavirus genera consecuencias en todo el mundo, no solo en materia de salud, sino también a niveles como el político y el administrativo. Colombia no es la excepción y la pandemia ha dejado a la luz tensiones entre el nivel central y las regiones. Expertos debatieron sobre el tema en Mañanas BLU.Vea también: Salud o protección de datos, ¿un falso dilema? El director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo Assis, aseguró que en medio de las dificultades las autoridades del orden regional trabajan de manera coordinada con la Presidencia.“Los gobiernos departamentales están trabajando en sintonía con el Gobierno central”, sostuvo Camargo.“Entramos en una fase muy importante, que es la reactivación económica, la reapertura de sectores”, indicó el director de al FND, quien dijo estar confiado en que dicho paso se hará sin sobresaltos ni tensiones por parte de los gobernadores.Luz María Zapata, directora de Asocapitales, habló sobre el impacto de la crisis en las principales ciudades del país.“A pesar de que hay coordinación, no estamos de acuerdo con ciertas medidas, pero respetamos las decisiones del Gobierno”, declaró Zapata.Según la directora de Asocapitales, el principal tema que necesita aclararse es qué sectores de la economía se empezarán a abrir en la reactivación.“Tengo a algunos alcaldes de ciudades capitales y tengo que decir que el 81 % de los infectados están allí. En esa apertura inteligente, veo a muchos preocupados”, afirmó.En concepto de Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, las reglas son claras y el trabajo debe ser articulado.“Estamos en un Estado unitario, aunque descentralizado y con autonomía de las autoridades territoriales. Las competencias de los alcaldes se circunscriben a su jurisdicción, la de los departamentos, a aquella jurisdicción que trasciende lo municipal, pero tenemos un Estado que tiene un jefe, que es el presidente”, sostuvo Toro.Conozca más: ¿Cuándo llegarán los créditos anunciados para empresarios por crisis del coronavirus? “Ese presidente, desde el principio, cuando se definieron las estrategias con que se trabajaría esta crisis, les pidió a todos los alcaldes y gobernadores que trabajáramos absolutamente unidos. Trabajar cada uno por su lado lo único que genera es caos, ineficiencia en el uso de los recursos y errores en el combate esencial que todos tenemos que hacer contra este virus”, agregó.Escuche el análisis de este tema en Mañanas BLU:
Momentos de inquietud vivieron decenas de habitantes de varios sectores del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, luego de que una fuerte explosión registrada en medio de procedimientos relacionados con actividades mineras ilegales provocara daños en viviendas y otros bienes inmuebles cercanos a la zona de los hechos.Tras percibir una fuerte explosión que retumbó en las infraestructuras, empezaron a conocerse varios reportes sobre grietas y otras afectaciones estructurales en inmuebles de barrios como Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal.La situación se habría derivado de la potencia de explosivos utilizados por parte de la policía para realizar el cierre de socavones explotados de manera ilegal y que en la subregión es uno de los principales combustibles para la finanzas de grupos armados.Aunque la Alcaldía aclaró que las circunstancias que originaron los daños son ajenas a la administración local, anunció la activación de un acompañamiento institucional para atender a las personas afectadas y establecer la magnitud de las consecuencias.Hambler Patiño, personero de Segovia, destacó que estos insumos son claves para vincular en demandas a los responsables y así obtener soluciones.“Basado en eso, nosotros tenemos que recibir esas denuncias para vincular a las personas que tengan que ver con estos hechos, pero necesitamos las pruebas suficientes para poder hacer las cosas bien”, señaló Patiño.En respuesta a la emergencia, destacó la administración, funcionarios de las secretarías de Planeación y de Minas y Desarrollo Económico iniciaron recorridos puerta a puerta en los sectores comprometidos. El objetivo es “verificar las alteraciones, recopilar información en terreno y brindar orientación a las familias impactadas por esta situación”, señalaron en un comunicado.De manera paralela, las autoridades adelantan un inventario detallado de los daños en viviendas y predios, así como la georreferenciación de cada caso, con el fin de determinar los niveles de riesgo y definir las acciones que deberán implementarse para garantizar la seguridad de la comunidad.
La Corte de Alberta, en Canadá, falló en primera instancia a favor de Canacol Energy al avalar su solicitud para terminar los contratos de suministro de gas natural en Colombia, una decisión que podría comprometer la continuidad de la operación de Cerro Matoso, la principal productora de ferroníquel del país.La empresa minera advirtió que, de concretarse la terminación del contrato, su operación podría volverse inviable por la pérdida de un suministro que hoy cubre el 82% de sus necesidades de gas.El pronunciamiento judicial se da en medio del proceso de reestructuración empresarial que adelanta Canacol Energy bajo la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Compañías (CCAA) en Canadá. Dentro de ese proceso, la compañía busca reorganizar sus obligaciones bajo supervisión judicial y ha impulsado distintas medidas relacionadas con sus contratos y operaciones, entre ellas la solicitud que fue avalada por la Corte de Alberta.Según Cerro Matoso, Canacol ya venía reduciendo de manera unilateral las entregas de gas previstas en el contrato e imponiendo restricciones al suministro. La empresa asegura que este combustible es un insumo irremplazable para la producción de ferroníquel, ya que alimenta los hornos industriales donde se desarrolla el proceso metalúrgico, por lo que no existe una alternativa inmediata para reemplazarlo.La compañía advirtió que si deja de recibir un suministro confiable de gas tendría que detener completamente su operación y apagar sus dos hornos principales, una decisión que podría ocasionar daños estructurales irreversibles. De acuerdo con sus cálculos, la recuperación de cada horno tardaría más de diez meses y tendría un costo estimado de entre 550.000 y 730.000 millones de pesos.Tras conocerse la decisión, Cerro Matoso anunció que presentará un recurso de apelación ante la justicia canadiense, para lo cual dispone de un plazo de 21 días. Paralelamente, aseguró que acudirá a todas las vías jurídicas disponibles para defender la vigencia del contrato y garantizar la continuidad de su operación en Colombia.La empresa también sostuvo que la decisión adoptada por la Corte de Alberta no tiene aplicación automática en el país. Explicó que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la determinación definitiva de la justicia canadiense puede ser reconocida en Colombia, teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y las normas de orden público colombiano.Cerro Matoso alertó que una eventual suspensión de sus actividades pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos y afectaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades del sur de Córdoba. Además, aseguró que el país dejaría de recibir alrededor de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios, además de advertir posibles efectos sobre el abastecimiento de gas y las tarifas para usuarios de la Costa Caribe.Ante este panorama, la compañía hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que intervengan frente a las implicaciones de la decisión judicial.
El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas más deterioradas de lo que se había previsto y tendrá el reto de implementar un ajuste fiscal estructural para evitar una pérdida de confianza de los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Esa es la principal advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyo presidente, Carlos Ramírez, aseguró que el país enfrenta un escenario que exige medidas permanentes tanto por el lado de los ingresos como del gasto.Durante una entrevista concedida a Blu Radio, Ramírez explicó que el déficit fiscal proyectado para 2026 supera las estimaciones conocidas hasta ahora y compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo."Las finanzas públicas siguen en déficit y el déficit que se va a presentar este año es mayor incluso al previsto por el Gobierno", afirmó. Según explicó, las proyecciones del CARF indican que el país cerraría el año con un déficit cercano a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que calificó como "francamente insostenible" debido a que impulsa un crecimiento acelerado del endeudamiento.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un organismo técnico e independiente encargado de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal y emitir recomendaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Aunque sus conceptos no son vinculantes, sirven como referencia para inversionistas, organismos internacionales y autoridades económicas.Ramírez explicó que cuando el CARF habla de un ajuste estructural no se refiere únicamente a un recorte temporal del gasto, sino a cambios permanentes que permitan fortalecer las cuentas públicas."Quiere decir que se puedan lograr ingresos que sean permanentes, que no sean variables como los del petróleo", señaló. Agregó que también se requieren modificaciones en el gasto público mediante cambios legales y, en algunos casos, ajustes normativos que permitan hacer más sostenible el manejo de las finanzas del Estado.Entre los aspectos mencionados figuran revisiones a algunas políticas de subsidios y medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos. El economista insistió en que el objetivo es construir una base fiscal menos dependiente de factores externos como la cotización internacional del petróleo o la tasa de cambio.Consultado sobre si ese panorama obligaría al nuevo gobierno a promover una reforma tributaria, pese a la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Ramírez respondió que el fortalecimiento de los ingresos constituye apenas uno de los frentes que deberán atenderse."Hay que atacar por lo menos cuatro frentes: los ingresos, los gastos, el costo de la deuda y mayor crecimiento económico", explicó. Añadió que el componente tributario es una posibilidad, aunque aclaró que existen otras alternativas como fortalecer la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y buscar mayores ingresos derivados de la actividad del sector de hidrocarburos.En la entrevista también se abordó el estado real de las finanzas que heredará la nueva administración. Frente a esa inquietud, Ramírez sostuvo que la situación resulta más compleja de lo que reflejaban las previsiones iniciales."Sí, es más serio", respondió al ser consultado sobre si el panorama fiscal es más delicado que el reportado previamente. Explicó que, tras el fracaso de la ley de financiamiento presentada el año anterior, se esperaba un recorte del gasto equivalente a cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, indicó que dicho ajuste no se ha materializado."Como ese recorte no se ha dado y el nivel de gastos no se ha disminuido, pues la situación cada día es más grave", manifestó. El presidente del CARF también recordó que las experiencias internacionales muestran que los procesos exitosos de consolidación fiscal comparten un elemento central: la credibilidad."El elemento más esencial es una ruta creíble", afirmó. Según explicó, un plan de ajuste que sea alcanzable y se cumpla genera confianza entre quienes financian al Estado, facilita la estabilidad de la deuda pública y mejora las condiciones para mantener el acceso al crédito.Otro de los temas abordados fue la propuesta del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial de eliminar el impuesto del cuatro por mil. Sobre ese punto, Ramírez aclaró que el CARF no tiene competencia para pronunciarse sobre la política tributaria específica de cada gobierno, aunque reconoció que ese gravamen ha sido objeto de cuestionamientos técnicos debido a su impacto sobre las transacciones financieras.No obstante, advirtió que una eventual eliminación del impuesto tendría que estar acompañada de nuevas fuentes de recursos. "Si está dentro de las políticas del nuevo gobierno reducir este impuesto, debería ser inmediatamente compensado con otros nuevos ingresos", puntualizó.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.Resultado del Chontico Noche del 25 de junio de 2026De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos).Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganarUno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.Modalidades de apuesta disponibles en Chontico NocheLos participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoSe obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.Valor de las apuestasEl chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.Cómo reclamar un premio de Chontico NocheLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.Documentación requeridaPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el monto ganadoLas condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y múltiples oportunidades de ganar, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas entre los aficionados al chance en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS, elaborar y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, al concluir que incumplió las obligaciones legales relacionadas con la divulgación de su información financiera.En la decisión, la Sala precisó que la normatividad vigente establece de manera expresa el deber de las entidades obligadas de elaborar, certificar y divulgar sus estados financieros dentro de los plazos establecidos por la ley. En ese sentido, el Tribunal concluyó que “la Sala concluye que la primera disposición contiene un mandato jurídico claro, expreso y exigible, que tiene por objeto una obligación de resultado vigente en el ordenamiento jurídico”.El fallo recordó que el plazo para publicar la información financiera vence el 30 de abril del año siguiente al correspondiente ejercicio. Sin embargo, encontró acreditado que la Nueva EPS no publicó los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024, cuyos términos ya habían expirado, y tampoco había divulgado la información correspondiente a 2025.Durante el trámite judicial, la Nueva EPS explicó que los estados financieros de 2023 no fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de octubre de 2025, razón por la cual inició procesos de revisión, depuración y validación de la información contable.No obstante, el Tribunal rechazó esa explicación al considerar que las actuaciones administrativas internas no eximen a la entidad del cumplimiento de la obligación legal. En ese sentido señaló “no se admite alegar procedimientos de gestión interna de administración a fin de desconocer el cumplimiento del deber legal. La entidad debe disponer y preparar con diligencia todos los mecanismos para ejecutar de forma periódica la obligación correspondiente dentro de su sector de operación”.La corporación también advirtió que, desde la fecha límite para publicar los estados financieros de 2023, habían transcurrido más de 37 meses sin que la información estuviera disponible, mientras que para la vigencia 2024 el retraso superaba los 25 meses.En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS cumplir con lo previsto en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y en el numeral 4.4 de la Circular Externa 016, disponiendo la publicación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, conforme a las obligaciones establecidas en la regulación vigente.