Los acercamientos entre la Federación Colombiana de Municipios y el Gobierno nacional comienzan a dar señales de avance tras la alerta lanzada por los alcaldes del país por la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advirtieron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación y salud en los territorios.Luego de una reunión con el Ejecutivo, la Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos y, en su lugar, proyectar un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Ese monto representaría un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a lo asignado en 2025, lo que permitiría aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de programas básicos a cargo de las administraciones locales.De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las dificultades obedecen a una situación puntual asociada con la última doceava del año 2025. Esa fracción presentó una reducción cercana al 48 %, como resultado del cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación correspondientes al año 2024, particularmente por el comportamiento del recaudo tributario durante ese periodo.La Federación explicó que este ajuste generó un impacto inmediato en la caja de varios municipios, lo que encendió las alertas entre los mandatarios locales ante la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cumplir compromisos y la ejecución de programas sociales. Por esa razón, se abrió una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar salidas que eviten una afectación mayor en las finanzas territoriales.En ese contexto, la Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanza en la construcción de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026. El objetivo, según se ha indicado, es evitar traumatismos en el flujo de caja de los municipios y garantizar una programación más equilibrada de las transferencias del SGP.Como parte de ese proceso, se anunció que el próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión virtual, en la que se espera concretar una solución de fondo y obtener un compromiso formal por parte del Gobierno nacional frente a la recomposición de los recursos.
La Alcaldía de Bogotá no tendrá que transferir el 10 % del recaudo por concepto de multas de tránsito a la Federación Colombiana de Municipios. Así lo determinó el Consejo de Estado que, en una decisión de segunda instancia, negó pretensiones de la agremiación que había demandado al distrito y a sus Secretarías de Hacienda y Movilidad.La Federación reclamaba un monto superior a los $383.000 millones, de los cuales $225.000 millones correspondían a intereses de mora, alegando que desde 2002 el Distrito no había transferido los recursos que por ley le debía a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).La capital del país, en su defensa sostuvo que dicho porcentaje constituye una contraprestación derivada de la gestión operativa del sistema, y no un derecho automático sobre todos los recaudos.Además, señaló ante el alto tribunal que la Federación no había prestado un servicio efectivo en la administración de las multas distritales, las cuales son gestionadas directamente por la Secretaría de Movilidad.Tras analizar las posturas, el Consejo de Estado ratificó la decisión que ya había emitido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinando que dicho pago del 10 % no era obligatorio pues obedecía a una retribución por la gestión efectiva y no una renta automática.Otro de los puntos plasmados en la decisión fue que las reclamaciones habían caducado, pues eran de antes del 1 de noviembre de 2015 habían prescrito al exceder el plazo legal de dos años para interponer la acción de reparación directa.Con esta sentencia, el Consejo de Estado pone fin a una disputa de más de siete años que enfrentó a la Federación de Municipios y al Distrito Capital por la interpretación del alcance financiero del SIMIT.El alto tribunal, con ponencia del consejero William Barrera Muñoz, reiteró que la Federación sí conserva la facultad de administrar el sistema nacional de información, pero sus ingresos deben provenir exclusivamente de la gestión realizada en el marco de esa función, sin que pueda reclamar recursos por la actividad recaudadora propia de las autoridades locales.
La Federación Colombiana de Municipios le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro asegurando que, según autonomía territorial establecida en la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa en sus territorios y por tanto, no tienen superior jerárquico.“Uno de los avances más significativos de la Carta Magna fue precisamente romper la relación de jerarquía que antes existía entre presidente, gobernadores y alcaldes, estableciendo el principio de autonomía territorial. En este sentido, el presidente de la República no es jefe de los gobernadores, ni de los alcaldes”, aseguró la Federación en un comunicado.Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que afirmó ser “el jefe del alcalde” de Cali, Alejandro Eder, por los apoyos en seguridad enviados a la ciudad tras varios hechos violentos.“Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, ministro de Defensa’. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército”, dijo desde un evento en Cauca.De acuerdo con la Federación, la autonomía territorial no significa aislamiento ni ausencia de coordinación con el Gobierno Nacional, sino el reconocimiento de que cada nivel de gobierno tiene competencias propias que deben ser respetadas.En este sentido, ni el presidente es jefe de los gobernadores, ni estos lo son de los alcaldes, pues todos responden directamente a la ciudadanía que los elige mediante voto popular.Esta discusión con el alcalde de Cali se suma a las múltiples diferencias que el presidente Petro ha tenido con otros mandatarios por temas de seguridad o como ocurrió la semana pasada cuando se conoció el plan de alcaldes de Cali y Medellín de viajar a Estados Unidos a sostener reuniones de alto nivel para evitar una desertificación.
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto del Toro, alertó que la entrada en vigencia de la Ley 2346 que traslada la responsabilidad del pago de la alimentación de los privados de la libertad a las alcaldías y gobernaciones, podría generar una “explosión social”, ya que las entidades territoriales no cuentan con los recursos suficientes para asumir estos altos costos.De acuerdo a Del Toro, durante su visita al Congreso Nacional de Municipios, que se realiza en Cartagena, los alcaldes le pidieron al presidente Gustavo Petro que presente un proyecto de ley con mensaje de urgencia que permita resolver este “problema” antes del 1 de julio, fecha en que entrara en vigencia en esta nueva norma.“Estamos muy preocupados, esto puede ser una bomba de explosión social incalculable, porque lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Los municipios no tienen los recursos, algunos municipios tienen en esa materia que aportar recursos muy importantes y no los tienen y aquí estamos hablando desde la comida, que todos los seres humanos necesitamos para vivir. Esto no es un tema de aplazar o no la construcción de una obra”, sostuvo.Asimismo, el presidente de Fedemunicipios dijo que debe ser el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, que continue asumiendo este pago.“El proyecto de ley, lo que tiene que establecer, es que seguirá siendo el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, quien traslade estos recursos, mientras buscamos una solución definitiva”, sostuvo.Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que esta es una situación que genera preocupación entre las entidades territoriales pues los recursos son limitados.“Nos va a tocar escoger si le damos comida a los niños o a los privados de la libertad, a los presos. Nos toca escoger hoy si le damos comida a los niños de los colegios a los presos, yo creo que eso es un tema humanitario también, pero no puede ser competencia de las entidades regionales, y no puede seguir la Corte Constitucional, a la cual respeto y admiro profundamente también, seguir legislando, para eso está el Congreso de la República. Nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente”, señaló el gobernador Arana.
Roy Barrera, embajador de Colombia en Reino Unido y exsenador, defendió férreamente el retorno de Laura Sarabia a la Casa de Nariño como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.En diálogo con medios de comunicación durante su paso por el Congreso Nacional De Fedemunicipios, en Cartagena, Barreras aseguró que, la cuestionada funcionaria del Ggobierno del presidente Gustavo Petro, es un ejemplo para las mujeres jóvenes colombinas por su eficiencia y por saber hacer sus tareas.“Es una gran noticia, las mujeres jóvenes de Colombia tienen allí un ejemplo de cómo con tesón y eficiencia, una joven profesional que no nació apadrinada, que no tenía privilegios, que es una mujer como cualquier otra de clase media a punta de su capacidad y compromiso es capaz de hacer las tareas, Laura hace tareas (…) y lo que los colombianos exigen de cualquier gobierno es que haga de haga tareas, bueno ella ha llegado a ayudar a hacerla”, dijo.El embajador señaló, además, que el “único pescado” de Sarabia fue ser víctima de un robo o quizá un montaje.“El ejercicio público en Colombia tiene tantas dificultades que aquel que levanta la cabeza, le tiran piedras (…) pero en lo que a mi como colombiano puedo observar, ¿cuál es el pecado de Laura Sarabia? Que fue víctima de un robo o quizá un montaje, no hay nada en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo, que es servirle a Colombia con una abnegación enorme, Laura trabaja más de 20 horas al día”, puntualizó.Roy Barreras sobre Salvatore MancusoEntretanto, el exsenador del Pacto Histórico, también se refirió a la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país, del cual dijo que no cree que venga con ánimo de venganza, sino a decir la verdad.“Yo no espero ni nadie que Mancuso venga con ánimo de venganza, ni a perjudicar a nadie, sino a decir la verdad y a garantizar la no repetición es la es la principal tarea (…) Mancuso tiene que mucho aportar en materia de verdad, pero también tiene un mensaje claro su sola presencia, cualquier miembro del estado: senador, gobernador, alcalde, que tenga complicidad con grupos criminales, empeora la violencia, y eso termina en desangre, no se puede hacer ningún trato con la mafia, se gobierna con el pueblo y con las organizaciones criminales”, afirmó.Barreras también aseguró que “el país tiene un problema serio en materia de seguridad”, y que la cooperación internacional es un excelente aliado para apoyar el trabajo en las regiones a través de la inversión en tecnología, por ejemplo con dotación en cámaras de seguridad.“Necesitamos más cooperación en equipamientos, porque hoy la inmensa mayoría de esa maldición que es el narcotráfico avanza por ríos, mares, por lo esteres, en el sur del país, en el pacifico, y necesitamos más equipos para poder contratarlo”.
La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, expresó su preocupación por la derogación del decreto 1844 de 2018 que reglamentaba parcialmente el Código de Policía y que hacía referencia a la actuación de la Policía en el momento de registrarse una infracción a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.Es por eso que la organización le pidió al Gobierno nacional modificar el decreto expedido el pasado 7 de diciembre y mantener las facultades policivas de prevención en aras de mantener el bienestar de las comunidades locales y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.“Según lo expresado por el ministro de Justicia, el decreto 2114 de 2023 busca derogar la sanción administrativa a quien porte la dosis personal de estupefacientes; por lo tanto, solicitamos que se modifique el decreto expedido el pasado 7 de diciembre para que el propósito del Gobierno nacional quede más claro”, aseguró Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.Además, Fedemuncipios le solicitó al Gobierno nacional claridad ante los vacíos que ellos evidencian en este decreto que anula una directriz del expresidente Iván Duque.Cabe mencionar que en medio de la polémica por el decreto 2114 de 2023, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró que con este decreto buscan alinearse con las sentencias de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima y así “atacar a los comercializadores de drogas” y no a las personas que consumen sustancias psicoactivas.Puede ver:
La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, manifestó su rechazo por el brote de violencia que se está presentando en los territorios. De igual forma, le solicitó con urgencia acciones al Gobierno para que se brinden todas las garantías de seguridad a los ciudadanos, previo a las elecciones regionales del mes de octubre y también durante la jornada electoral.“Los municipios colombianos son escenarios de tranquilidad y los mandatarios locales vemos con preocupación la falta de compromiso de distintos grupos armados ilegales con el proyecto de Paz Total propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro incrementándose el crimen, generando zozobra y miedo en las poblaciones”, señaló Fedemunicipios en el comunicado.De igual manera, la Federación ratificó su respaldo a la fuerza pública: “Son nuestros soldados y policías unos grandes aliados de los alcaldes y las comunidades para garantizar la seguridad en las localidades; así como nuestro compromiso con la institucionalidad para superar los hechos que atentan contra el orden, la convivencia y la paz en los municipios del país”.La advertencia que hace la federación llega en medio de una semana de tensiones entre diferentes grupos armados ilegales. En Buenaventura, la difícil situación de orden público en Buenaventura con los enfrentamientos entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ tiene en vilo a las comunidades. Razón por la cual, el Gobierno tuvo que liderar una toma en la región.Además, en los municipios de los Santanderes, estructuras criminales secuestraron a 19 trabajadores de una empresa en el proyecto Transversal del Catatumbo, que posteriormente fueron liberados, pero sembraron preocupación a las víctimas y sus familiares, sumado a un ataque con un explosivo a una estación de policía en Bucaramanga que dejó 6 heridos.Hay que resaltar que, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la posibilidad de renegociar los ceses al fuego con tres agrupaciones ilegales, sin embargo, desde que finalizaron los decretos el pasado 30 de junio, solo se tiene claridad de un cese al fuego bilateral con el ELN entre el 3 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024.Le puede interesar:
El artículo sobre Ley de Garantías en el presupuesto de 2022, aprobado por el Congreso, permitirá inversiones por 4 billones de pesos, que no habría podido hacerse si se mantenía la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en época electoral, según el Gobierno.“Atender las necesidades de los más vulnerables de nuestro país es el propósito de este artículo y, además, dijimos que vamos a garantizar que se cumpla con criterios de integridad en la contratación pública”, señaló el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.Esa integridad estaría garantizada por un artículo que obligará a los alcaldes y gobernadores a usar pliegos tipo para esos convenios y, con la revisión por parte de la Contraloría General de la República.El Gobierno asegura que los alcaldes estuvieron con las manos atadas durante casi año y medio por cuenta de la pandemia y, que mantener la restricción habría alargado la parálisis un año más.“A través de Asocapitales, Fedemunicipios, Fededepartamentos, los alcaldes y gobernadores de nuestro país de distintos partidos políticos, de distintas ideologías, distintos colores, lo solicitaron”, agregó.El artículo ha sido blanco de fuertes críticas por parte de políticos, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que ven un cambio de reglas en plena carrera electoral que genera suspicacias, fomenta las malas prácticas y aumenta la polarización en el país.Se espera que el artículo sea demandado ante la Corte Constitucional una vez se sancione la ley del presupuesto.Escuche la noticia en el audio adjunto:
La Gobernación de Santander alista un manual con el protocolo que deben cumplir los alcaldes de 80 municipios donde no se han presentado casos de coronavirus y que podrian reabrir actividades ecónomicas y sociales de forma gradual a partir de la próxima semana “Estamos evaluando, puede ser que haya cierre de fronteras y nos reactivemos internamente, creo que nosotros somos auto sostenibles, por decirlo de alguna forma, tenemos una despensa muy importante, despensa agrícola, tenemos industria, entonces yo creo que podemos reactivarnos internamente pero eso se estará evaluando para tomar una decisión de manera oficial y de fondo sobre este tema”, afirmó en diálogo con BLU RADIO el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.La comunicación terrestre entre los municipios se mantendría cerrada por precaución. Las fronteras con los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Cesar y Antioquia continuarán cerradas, señaló el gobernador Aguilar Hurtado. Lo anterior referente al anuncio de la Presidencia de la República sobre la reapertura de la vida económica en 890 municipios donde no hay casos de COVID-19.En Santander en este momento hay 40 casos de coronavirus ubicados en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Barrancabermeja, Cimitarra, Concepción y Curití, de tal forma que en los demás municipios de la región no hay casos de contagio en este momento.Recientemente dos personas más lograron superar la enfermedad, para llegar a un total de 31 pacientes recuperados del virus a la fecha en el departamento: dos mujeres de 23 y 63 años de edad, quienes se encuentran en sus viviendas con buen estado de salud, en Bucaramanga.
La crisis del coronavirus genera consecuencias en todo el mundo, no solo en materia de salud, sino también a niveles como el político y el administrativo. Colombia no es la excepción y la pandemia ha dejado a la luz tensiones entre el nivel central y las regiones. Expertos debatieron sobre el tema en Mañanas BLU.Vea también: Salud o protección de datos, ¿un falso dilema? El director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo Assis, aseguró que en medio de las dificultades las autoridades del orden regional trabajan de manera coordinada con la Presidencia.“Los gobiernos departamentales están trabajando en sintonía con el Gobierno central”, sostuvo Camargo.“Entramos en una fase muy importante, que es la reactivación económica, la reapertura de sectores”, indicó el director de al FND, quien dijo estar confiado en que dicho paso se hará sin sobresaltos ni tensiones por parte de los gobernadores.Luz María Zapata, directora de Asocapitales, habló sobre el impacto de la crisis en las principales ciudades del país.“A pesar de que hay coordinación, no estamos de acuerdo con ciertas medidas, pero respetamos las decisiones del Gobierno”, declaró Zapata.Según la directora de Asocapitales, el principal tema que necesita aclararse es qué sectores de la economía se empezarán a abrir en la reactivación.“Tengo a algunos alcaldes de ciudades capitales y tengo que decir que el 81 % de los infectados están allí. En esa apertura inteligente, veo a muchos preocupados”, afirmó.En concepto de Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, las reglas son claras y el trabajo debe ser articulado.“Estamos en un Estado unitario, aunque descentralizado y con autonomía de las autoridades territoriales. Las competencias de los alcaldes se circunscriben a su jurisdicción, la de los departamentos, a aquella jurisdicción que trasciende lo municipal, pero tenemos un Estado que tiene un jefe, que es el presidente”, sostuvo Toro.Conozca más: ¿Cuándo llegarán los créditos anunciados para empresarios por crisis del coronavirus? “Ese presidente, desde el principio, cuando se definieron las estrategias con que se trabajaría esta crisis, les pidió a todos los alcaldes y gobernadores que trabajáramos absolutamente unidos. Trabajar cada uno por su lado lo único que genera es caos, ineficiencia en el uso de los recursos y errores en el combate esencial que todos tenemos que hacer contra este virus”, agregó.Escuche el análisis de este tema en Mañanas BLU:
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.