Los defensores de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz se juegan sus últimas cartas para intentar, en un escenario muy difícil, salvar esos reparos, rechazados ya por la Cámara.
Este jueves, durante una audiencia pública en el Senado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, insistió en la inconveniencia de varios de los artículos que fueron avalados por la Corte Constitucional, incluido uno que, a su juicio, permitiría que narcotraficantes no sean extraditados, bajo el compromiso de aportar verdad.
Se trata del artículo 156 del proyecto de Ley Estatutaria, que, según el jefe del ente acusador, acabaría con la extradición en Colombia.
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“Estoy buscando de dónde salió ese ‘articulejo’ y voy a conocer quién fue el autor porque de paso tiene que conocer el cuño de esa norma de muy dudosa inspiración”, dijo Martínez.
El fiscal pidió que se vote cada objeción por separado pues, “si pasa a ‘pupitrazo’, equivale a acabar con la extradición en Colombia, porque incluso terceros, que se comprometan a decir la verdad, se librarían de la extradición”.
Durante la audiencia pública, liderada por los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y Jonatan Tamayo (ASI), intervinieron también la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
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Para Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, es “grave” la conclusión del fiscal sobre uno de los artículos de la ley estatutaria de la JEP que acabaría de plano con la extradición en Colombia perdiendo la lucha contra la criminalidad.
“Difícilmente uno encuentra en Colombia alguien que esté en contra del mecanismo de extradición tal cual como se ha establecido en el país en los últimos 30 años y que no puede, por vía de la JEP, generarse una talanquera tal que desaparezca esa institución jurídica que ha generado una cooperación judicial internacional tan importante para Colombia”, dijo.
Barbosa dejó claro que el mecanismo de extradición no se negociará y agregó que el Gobierno buscará que, en el Senado, se acepten las 6 objeciones a la iniciativa.