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Fracasa nuevo intento de reforma a la justicia

En la comisión primera del Senado se hundió un proyecto que buscaba modificar el procedimiento de elección de altos dignatarios del Estado, incluidos magistrados de altas cortes.

Senado aprobó reforma tributaria Foto SenadoGovCo.jpg
Senado /
Foto: @SenadoGovCo

En la comisión primera del Senado de la República se hundió este lunes otra iniciativa que pretendía reformar la justicia colombiana, específicamente los procedimientos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, entre otros altos dignatarios.

Por falta de quórum, el proyecto de acto legislativo, que cursaba su tercer debate, terminó archivado.

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La propuesta era que se estableciera un proceso de concurso abierto y público, y que ya no quedara en manos del Consejo Superior de la Judicatura, sino de las propias cortes, las cuales seleccionarían a sus propios magistrados con criterio de calificación.

Entre los opositores de este proyecto estaba la senadora Paloma Valencia, quien indicó que, con ese cambio, se convertiría en “un tema de roscas y amiguismos”.

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“Esto es la legalización de la rosca, es decir, la rosca está bien, pero es legal y yo creo que es muy grave para Colombia que no le podamos dar unos criterios claros de selección a los magistrados y simplemente sea de acuerdo con el criterio de quienes integran una corte la selección de sus integrantes”, precisó.

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Ese argumento fue respaldado por otros sectores como el senador Roosvelt Rodríguez, del Partido de La U.

No es una reforma a la justicia lo que se plantea en el articulado; es sólo un cambio de procedimiento, pero por supuesto ese sólo cambio es de unas consecuencias tales que no se explica ni respalda en datos ciertos”, manifestó Rodríguez.

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Durante el debate también se presentó una recusación contra todos los integrantes de esa célula legislativa por supuesto conflicto de interés, sin embargo, ésta fue rechazada por el presidente de la comisión, Germán Varón.

Dentro de las modificaciones de requisitos también estaba la exigencia de título de abogado y experiencia profesional mínima de 15 años, sumado a experiencia profesional simultánea o complementaria en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o como docente universitario por el mismo tiempo.

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