Fuerte jalón de orejas de Asocapitales al sistema judicial por libertad de capturados
Solo en Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad durante 2025.
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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación ante la crisis de reincidencia y los bajos índices de judicialización efectiva en las principales ciudades de Colombia durante 2025. Según el gremio, a pesar de las 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional en las capitales, la gran mayoría de los detenidos recupera la libertad de forma inmediata, lo que debilita la seguridad urbana.
Durante el último año, el esfuerzo operativo de las autoridades locales se concentró en los grandes núcleos urbanos. Bogotá lideró la estadística con 34.270 capturas, seguida por Medellín con 12.222 y Cali con 6.889 registros. Otras ciudades con alta actividad policial fueron Cartagena (5.523), Barranquilla (5.262) y Villavicencio (4.973).
Sin embargo, el volumen de detenciones contrasta con la baja tasa de aseguramiento. En Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad, mientras que en Barranquilla la cifra alcanzó el 80 %. Este fenómeno, según la asociación, genera un ciclo de reincidencia que impacta directamente en la confianza ciudadana y en la inversión de recursos locales.
Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que existe un desafío estructural en la articulación entre el esfuerzo policial y las decisiones de los jueces. "Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología y pie de fuerza", afirmó Santamaría, advirtiendo que la liberación masiva de capturados genera una "percepción de impunidad" y desmotivación institucional.
Para el directivo, garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto "estratégico para la estabilidad nacional", dada la concentración económica y social en las capitales.
Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, la Fiscalía y las altas cortes para revisar los criterios de reincidencia y fortalecer la judicialización. Entre las peticiones destacan la necesidad de realizar ajustes normativos que permitan mayor coherencia entre la captura y la medida de aseguramiento, además de priorizar los delitos de alto impacto en contextos urbanos.