La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció que carnetización de disidencias evidencia “mutación de la violencia” en el departamento, así lo advirtió la mandataria, quien manifestó su preocupación por la transformación en las dinámicas de los grupos armados ilegales que operan en el sur del departamento.
La “carnetización” de campesinos es una práctica que, según la mandataria, evidencia la mutación del conflicto armado hacia formas de control social más sutiles, pero igual de intimidantes.
“Lo venimos denunciando desde 2024, ya no hay enfrentamientos directos con la Fuerza Pública. Lo que existe hoy es una coerción social sobre las comunidades”, aseguró Matiz.
La gobernadora explicó que estos grupos, identificados como disidencias de las Farc, han cambiado su estrategia. Atrás quedaron las grandes estructuras visibles y los combates abiertos. En su lugar, operan células pequeñas que ejercen control territorial mediante citaciones, presiones y registros ilegales de población civil.
“La carnetización no es otra cosa que un mecanismo de intimidación. Están identificando, controlando y generando miedo en la gente”, enfatizó.
La violencia en el Tolima ya no se libra a bala. Ahora se impone en silencio. Las denuncias, según indicó, se concentran en municipios del sur, suroriente y oriente del Tolima, donde las comunidades han alertado sobre estas prácticas en medio de un contexto especialmente sensible: la antesala de procesos electorales.
De hecho, Matiz anunció que estos hechos serán puestos sobre la mesa en la próxima sesión de seguimiento electoral, junto con otras denuncias recibidas en distintas zonas del departamento.
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La mandataria advirtió que esta nueva forma de violencia es más difícil de detectar y combatir, precisamente, porque se disfraza de control social y no de confrontación armada directa.
“Ya no se ven grupos grandes. Son estructuras pequeñas que hacen presencia silenciosa, pero efectiva. Por eso es clave reforzar el control del territorio”, señaló.
En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, especialmente en corredores viales y zonas rurales, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para la población.
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La preocupación aumenta ante la cercanía de la jornada electoral. Para Matiz, el principal reto es blindar el derecho al voto frente a cualquier intento de presión o manipulación.
“Tenemos que garantizar un ejercicio libre, transparente y seguro. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger el proceso electoral”, concluyó.
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