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Gobierno aprueba documento Conpes para apoyar a la JEP en la imposición de penas alternativas

El anuncio se da unos días después de que el gobierno fuera blanco de críticas porque el presidente Iván Duque no asistió a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad.

Logo de la Justicia Especial de Paz // Imagen: cortesía JEP
Logo de la Justicia Especial de Paz // Imagen: cortesía JEP

El Gobierno nacional aprobó un documento de política pública, Conpes, para contribuir en la puesta en marcha de las penas alternativas que la Justicia Especial para la Paz puede imponer a quienes cometieron delitos en el marco del conflicto armado.

Vale la pena recordar que en el acuerdo de paz entre Gobierno y las Farc, se acordó que la JEP podría imponer sanciones distintas a la cárcel, por ejemplo, trabajos, obras y actividades con contenido restaurador - reparador. Justamente son ese tipo de acciones las que hacen parte de esta política.

“Al tener en cuenta que el proceso judicial adelantado por la JEP se aproxima a la etapa de imposición de las primeras sanciones propias, se requiere poner en marcha un arreglo institucional, respetando competencias”, explicó la directora del DNP, Alejandra Botero, en un mensaje de Twitter.

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Y es que este documento reconoce oficialmente lo que se ha visto en los últimos cuatro años y es que el Gobierno no tiene un buen canal de comunicación con la JEP.

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Según el análisis, además de ese problema hay otro y es que no está definido a quién en el Gobierno le toca la responsabilidad hacer que esas sanciones de la JEP sí se cumplan y las víctimas sean reparadas.

“Dicha ausencia de lineamientos generaría dificultades para el cumplimiento de las órdenes emitidas por parte de la JEP”, señala el documento.

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La solución entonces fue ordenar en ese documento la creación de una instancia de coordinación entre la JEP, el Gobierno y las distintas entidades para atender el tema. Según el documento, será la Consejería Presidencial para la Estabilización la principal responsable de diseñar esos espacios de comunicación y, además, una estrategia para que organizaciones de víctimas, otros grupos de la sociedad civil, sector privado, cooperación, gobiernos locales, entre otros, puedan participar en el proceso.

Le asignan a esta política 1.852 millones de pesos, pero hacerla realidad es una tarea que difícilmente completará este Gobierno.

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