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El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no solo sacudió el tablero político regional, sino que encendió las alertas en Colombia. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ya se prepara para enfrentar los posibles impactos humanitarios, sociales y de seguridad que podría generar esta situación en la frontera común.
Ante este escenario, el Gobierno anunció que alista un decreto de emergencia económica, social y ecológica, una medida que busca dar respuesta rápida a eventuales flujos migratorios, tensiones en seguridad y afectaciones a comunidades fronterizas, especialmente en Norte de Santander.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que se trabaja en la proyección de un decreto de emergencia para atender la coyuntura derivada del ataque estadounidense. Como parte de esta estrategia, Benedetti liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad clave por albergar el principal paso fronterizo con Venezuela.
Según explicó el funcionario, el objetivo es coordinar acciones inmediatas que permitan anticiparse a una posible crisis humanitaria. El Gobierno busca actuar con rapidez para evitar desbordamientos en la frontera y garantizar una respuesta institucional articulada.
Dentro del plan anunciado, el Gobierno contempla una serie de acciones enfocadas en la atención a población vulnerable, tanto colombiana como migrante. Entre las principales medidas se destacan:
Estas acciones buscan mitigar el impacto inmediato que podría generar un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela.
En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan especial de seguridad para prevenir posibles acciones del ELN y otros grupos armados ilegales que operan en la frontera. Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de límite, una zona históricamente golpeada por la presencia de organizaciones armadas.
El Gobierno colombiano teme que estos grupos aprovechen la coyuntura para cometer atentados o fortalecer economías ilegales. En ese contexto, las autoridades buscan cerrar cualquier espacio a la violencia y proteger a las comunidades fronterizas.
Mientras se define el alcance del decreto de emergencia, el Gobierno insiste en que la prioridad será la atención humanitaria y la estabilidad en una de las regiones más sensibles del país.
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