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La iniciativa busca reformar el estatuto anticorrupción y el Código de Procedimiento Penal para quitarles beneficios a los responsables de delitos como el pago de sobornos.
"Estamos reformándolo para que el beneficio no sea del 50 % por allanamiento a cargos sino reducirlo al 25% condicionado a que haya una colaboración eficaz denunciando actos de corrupción y garantizando la devolución de los recursos que se han perdido", explicó Camilo Encisco, secretario de transparencia de la Presidencia.
El proyecto será llevado al Consejo Nacional de Política Criminal para que sea estudiado por los entes de control y de justicia.
Además, el proyecto establece la entrega de beneficios cuando hay reintegro de recursos, reparación a las víctimas, delación y colaboración con la justicia.
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