GPS en vehículos de la UNP podrían poner en riesgo a protegidos; piden tomar medidas

Una carta firmada por cerca de cincuenta senadores encendió las alarmas en el Congreso de la República. Los parlamentarios advierten que los vehículos arrendados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y destinados a la seguridad de congresistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos estarían equipados con dispositivos GPS que, lejos de reforzar la protección, podrían convertirse en una seria amenaza para los beneficiarios de los esquemas de seguridad.Uno de los firmantes de la misiva, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, explicó en entrevista con Mañanas Blu que la preocupación surgió tras varios atentados recientes contra dirigentes políticos.Riesgos latentes para los protegidos de la UNPEl hallazgo no se limita a congresistas. Según Chacón, también los vehículos entregados a líderes sociales y periodistas cuentan con estos dispositivos. El problema central es que la información de ubicación no queda exclusivamente bajo control de la UNP y la Policía, sino que también reposa en las empresas privadas arrendadoras de los automotores.“Tenemos desconfianza en cualquier entidad pública o privada que conozca la ubicación del protegido. Cualquiera puede comprar esa información y poner en riesgo la vida de quienes cuentan con esquemas de seguridad”, sostuvo el senador.El riesgo, explicó, se evidencia en los recientes ataques contra figuras políticas, como el atentado al representante Julio César Triana en el Huila y el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hechos que mantienen en alerta a las autoridades y a la opinión pública.Debate sobre la justificación de las empresas arrendadorasLas compañías de alquiler de vehículos argumentan que el GPS es un mecanismo para evitar robos o mal uso de los automotores. Sin embargo, los congresistas consideran insuficiente esa justificación.El senador agregó que, en condiciones normales, un ciudadano puede tener un dispositivo de rastreo en su vehículo, pero en el caso de los protegidos —personas amenazadas por su labor política, social o periodística— la situación es distinta. Una alerta que llega al CongresoLa polémica no es nueva. Chacón recordó que ya se había advertido de esta situación en el Congreso y que incluso se consultó previamente a la dirección de la UNP, la cual reconoció que los dispositivos eran instalados por las empresas privadas proveedoras, no por la entidad estatal.Ante ello, la dirección administrativa del Senado ha exigido la remoción de estos sistemas de rastreo en los vehículos oficiales. Según Chacón, “la Corte Suprema de Justicia, por solicitud propia, ya logró que fueran retirados estos mecanismos de sus vehículos, lo que demuestra que sí existe un riesgo real”.Falta de respuesta del Gobierno y la UNPLa carta enviada por los legisladores estuvo dirigida al presidente Gustavo Petro, al director de la UNP y al ministro de Defensa. No obstante, a la fecha no se ha recibido una respuesta clara ni acciones contundentes.“Todos los partidos —de izquierda, derecha y centro— firmamos esta misiva. Es un clamor conjunto porque se trata de un hueco de seguridad entregado a los particulares. Pero nadie ha hecho absolutamente nada”, lamentó el senador liberal.Un riesgo que trasciende al CongresoMás allá de la seguridad de los parlamentarios, el llamado busca visibilizar que la situación también afecta a líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, quienes dependen de los esquemas de protección de la UNP en un país donde la violencia política y las amenazas contra activistas son persistentes.