Los gremios del sector salud ven con buenos ojos que el Gobierno inicie el pago de deudas de Nueva EPS, una medida clave para aliviar la presión financiera sobre clínicas y hospitales.
Sin embargo, crece la preocupación frente a una eventual fusión con Famisanar, en medio de la crisis estructural del sistema, ya que persisten dudas sobre la capacidad de la red para atender a más usuarios y el destino real de los recursos.
En ese contexto, varios actores consideran que podría tratarse más de una jugada política que de una solución de fondo.
Desde el sector, advierten que un proceso de integración entre dos aseguradoras con dificultades operativas y financieras implica riesgos importantes.
Entre ellos, la posible concentración de deudas, el aumento en los tiempos de pago y mayores problemas en la depuración de cartera.
Además, experiencias previas muestran que estas transiciones suelen generar fallas administrativas que terminan afectando directamente el flujo de recursos hacia las IPS.
A esto se suma el desafío técnico de integrar redes de atención, sistemas de información y modelos de servicio.
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La falta de coordinación podría traducirse en interrupciones en la atención, barreras de acceso y afectaciones en tratamientos, especialmente para pacientes de alto riesgo que dependen de la continuidad en sus procesos médicos.
También preocupa una eventual reorganización de la red prestadora bajo criterios financieros, lo que podría derivar en la exclusión de algunos prestadores, concentración de servicios y debilitamiento de la capacidad hospitalaria en varias regiones del país.
Este escenario, advierten, aumentaría la presión sobre los servicios de mayor complejidad.
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Para los más de 3.700 prestadores vinculados a Famisanar, la incertidumbre es mayor ante la falta de claridad sobre el manejo de las deudas y la continuidad de los contratos.
Señalan que sin garantías claras sobre pagos y obligaciones, se pone en riesgo la sostenibilidad de muchas instituciones, en especial las de menor capacidad financiera.
En este contexto, desde la Unión de IPS (UNIPS) hicieron un llamado al Gobierno para que cualquier decisión se adopte con criterios técnicos, transparencia y garantías para la red prestadora, priorizando la estabilidad del sistema y la continuidad en la atención de los usuarios.
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