Abren incidente de desacato a ministros y directivos por deudas a red hospitalaria de Medellín

La reciente declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín no solo ha implicado medidas para atender de manera urgente a los pacientes más críticos.

El Distrito también interpuso nuevas acciones legales, que siguen fallándose a su favor, para lograr el pago de billonarios recursos que las EPS adeudan a centros asistenciales públicos y privados de la ciudad.

Este es el caso de un reciente auto de la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó la apertura de incidente de desacato para los ministros de Salud y Hacienda, Guillermo Alfonso Jaramillo y Germán Ávila, respectivamente, por incumplir con la acción popular que ordenaba el desembolso inmediato de recursos por cerca de 2.1 billones de pesos a los centros asistenciales desde el pasado 11 de julio de 2025.

La medida del Tribunal también involucra al superintendente de Salud, Bernardo Camacho; al recién nombrado interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina; al director de la ADRES, Félix León Martínez; a la interventora de Savia Salud, Edda Lorena Sintura; al director de Tesorería de la misma entidad, Maikel Herrera; al interventor de Coosalud, Jorge Orlando Suárez; y al vicepresidente segundo de la EPS Sanitas, Gustavo Santacruz.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró esta nueva decisión y advirtió sobre las sanciones que pueden recibir los funcionarios del Gobierno nacional y las entidades intervenidas a su cargo en caso de incumplir con estas obligaciones.

"Si no la cumplen en tres días, pueden terminar pagando hasta cincuenta salarios mínimos, pero además hasta seis meses de cárcel sin perjuicio a los problemas penales que van a tener también por temas de desacato de una orden judicial. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los pacientes, están matando a la gente", sostuvo.

Mientras en la capital antioqueña han acudido a mecanismos como la emergencia hospitalaria, el alcalde Gutiérrez ha indicado que en los últimos meses ha sido necesaria la inyección de recursos del distrito por 480 mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

De la deuda total con la red hospitalaria de la ciudad, según el mandatario, el 84% la tienen entidades intervenidas por el Gobierno nacional como Nueva EPS y Savia Salud.

Dentro de las recientes medidas legales, el alcalde también reveló que solicitaron la participación en la crisis de entidades como la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría General e incluso la Fiscalía, pues el incumplimiento de acciones legales podría configurar delitos como fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión.