En El Radar, el magistrado, Raúl Eduardo Sánchez, habló sobre la imputación de exintegrantes de las Farc, incluyendo a Pablo Catatumbo, por crímenes en el suroccidente colombiano.
El magistrado, además, compartió detalles sobre la reciente imputación de doce exintegrantes de las Farc, destacando la figura de Pablo Catatumbo como uno de los principales responsables de crímenes en el suroccidente colombiano.
En la sala de reconocimiento de responsabilidad, de la cual Sánchez forma parte, ha trabajado arduamente desde 2018 sobre crímenes violentos cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. En este proceso, se recibieron informes y testimonios de más de 50 comparecientes, permitiendo identificar patrones de macro criminalidad que dejaron cerca de 5.000 hechos violentos a su paso.
“Lo que hizo la jurisdicción fue que logramos determinar en primer lugar nueve patrones de macro criminalidad, donde se evidencia especialmente lo que son de pueblos asimismo, asesinatos, desplazamientos, delitos ambientales, etc. Contra siete antiguas estructuras de las Farc”, indicó el magistrado.
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Estos delitos abarcan desde asesinatos de líderes indígenas y afrodescendientes, desplazamientos forzados, hasta ajusticiamientos, todos evidencia de un control social ejercido por las estructuras de las Farc. Un caso emblemático mencionado por el magistrado fue el de la ‘chiva bomba’ en Toribio en 2011, que resultó en la destrucción del pueblo y graves repercusiones para los civiles.
“Son una serie de hechos bastante lamentables. Inclusive, digamos, tenemos ahí un caso emblemático que ustedes tal vez recuerdan que es la famosa chiva bomba que se activó también en este sector del país”, señaló Sánchez.
Sánchez explicó que la imputación a Catatumbo no solo es por omisión, sino por acción, destacando su responsabilidad directa como comandante de la zona durante el periodo 1993-2016. Esta imputación es crucial, ya que abre la puerta a un proceso en el que cerca de doscientos mil víctimas pueden buscar justicia. Según el protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los exmiembros de las Farc tendrán un plazo de treinta días para aceptar su responsabilidad o negarla. El magistrado concluyó enfatizando que este es un paso significativo hacia la verdad y la reconciliación en el país.
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