Este miércoles a la media noche vence el contrato de arrendamiento de la Contraloría para mantener su sede en el centro Comercial Gran Estación.
El contralor Edgardo Maya no prorrogará el contrato de arrendamiento que culmina este 31 de diciembre por las reservas penales y fiscales que existen sobre ese negocio, firmado por su antecesora, Sandra Morelli.
Maya pidió al director del Archivo Nacional, Carlos Zapata, que se habiliten espacios para que esa entidad asuma “de manera inmediata” la custodia del archivo documental de la Contraloría.
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La Procuraduría pidió que se mantenga el funcionamiento de la entidad en dicho edificio por lo menos durante seis meses.
El Ministerio Público se sumó a la tutela entablada por los funcionarios de la Contraloría, que piden una medida cautelar que amplíe los términos del traslado de la sede.
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La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le pidió a la juez primera de ejecución de penas que otorgue el amparo porque “el cierre abrupto” de la Contraloría generaría una afectación “grave y directa del interés colectivo” en la medida en que se están poniendo en riesgo los recursos públicos del Estado por la parálisis de las investigaciones.
Además, Según dijo, la solicitud hace parte del “plan de contingencia” que se ha diseñado ante un “inminente traslado” de la entidad y el alto riesgo al que estarían expuestos los expedientes.
El Gobierno mantiene abierta la opción de que la Contraloría se mueva a la sede del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá, con un gran inconveniente y es que allí no hay lugar para los cerca de 2.500 servidores que hacen parte del organismo fiscal, la opción aún no ha sido aceptada.
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