A través de un comunicado, la Justicia Especial para la Paz narró uno a uno los procedimientos que hacen para resolver los casos de los miembros de la Fuerza Pública que han llegado a ese tribunal por enmarcarse en el conflicto armado.
Las aclaraciones tienen que ver con las peticiones hechas por algunos sectores del Congreso para que se cree una instancia exclusiva dentro de esa jurisdicción para miembros de la Fuerza Pública. En pocas palabras, tal y como está originalmente planteada la ley para la paz, también beneficia a los uniformados en retiro.
“Queremos hacerles precisiones importantes, a raíz de lo que se ha dicho en los últimos días en el trámite del proyecto de normas de procedimiento de la JEP”, escribió la JEP.
En primer lugar, aseguraron que en la Jurisdicción existe una Sala que se dedica a resolver los casos de los miembros de la Fuerza Pública, que es la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
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Según sus cifras, 2.159 miembros de la Fuerza Pública se han presentado a la JEP. Muchos ya han recibido beneficios jurídicos, como la libertad y la reclusión en unidades militares.
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Incluso, aseguran que desde el 11 de abril pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya ha concedido “26 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas de miembros de fuerza pública y a un agente del Estado, que se suman a las que habían otorgado los jueces con base en la Ley 1820”.
Asimismo, aclaran que incluso antes de que entrara a funcionar el Tribunal de la JEP, la Secretaría Ejecutiva de la JEP emitió conceptos favorables que para que la jurisdicción ordinaria diera la libertad transitoria, condicionada y anticipada a 1.206 miembros de la fuerza pública y para que 172 miembros de la fuerza pública fueran trasladados de centros de reclusión militar a unidades militares.
Además, dicen que, en la actualidad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas “estudia 224 solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada de miembros de la fuerza pública, 107 solicitudes de sometimiento a la JEP de miembros de la fuerza pública y 11 solicitudes de traslado de centros de reclusión militar a unidades militares”.
Finalmente, informaron que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evalúa 92 expedientes de la justicia ordinaria, 22 de los cuales llegaron de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Por lo cual, palabras más, palabras menos, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es suficiente para evaluar uno a uno los casos de los miembros de la fuerza pública que se han presentado a la JEP.
Pronunciamiento de Acore
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“Es como si lo juzgara a uno el enemigo”, dijo por su parte el presidente de Acore en entrevista con BLU Radio.
En su duro pronunciamiento, el general (r) Jaime Ruiz Barrera que preside la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, dijo no compartir la forma en que se encuentra establecida actualmente la Justicia Especial para la Paz.
El oficial en retiro rechazó la escogencia de los magistrados de la Jurisdicción resultante de los Acuerdos de Paz con las Farc.
“De los 34 (magistrados) que escogieron, el 50% de ellos están cuestionados por su perfil que no nos da ninguna garantía. Y hemos pedido y hemos exigido, y eso no lo han tocado. Entonces, un tribunal de esos, juzgando a los militares es como si lo juzgara a uno los enemigos. No se tiene una garantía procesal, no hay nada”, indicó el general (r) Ruiz al defender la propuesta de modificar la reglamentación.
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Según el general (r) Ruiz Barrera, las objeciones de los reservistas se relacionan con el sistema de recusación, pruebas de contexto y el recibimiento de informes no oficiales en los procesos que adelanta la JEP.
El presidente de Acore calificó como infundados los temores manifestados por el Gobierno, ante la creación de una sala especial para miembros de las FF.MM. en la JEP, con el argumento de que ello desataría una reacción de la Corte Penal Internacional.
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“Eso no es cierto, es una falsa interpretación y mal intencionada”, declaró el general (r).
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