JEP: "Política de seguridad democrática no decía que el éxito se medía en bajas"

La JEP imputó al excomandante del Ejército, general (r) Óscar Enrique Peña, y a otros 38 militares que hicieron parte de la Cuarta Brigada del Ejército, por 442 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia entre 2004 y 2007.Durante la rueda de prensa, la magistrada Catalina Díaz, quien investiga las ejecuciones extrajudiciales, se refirió a la seguridad democrática, asegurando que la JEP halló que en esa política no se contemplaba el conteo de cuerpos."Lo otro que arroja esta decisión que expedimos hoy es que el texto de la política de seguridad democrática no tenía y no consignaba la política de conteo de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas, al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas, las desmovilizaciones y la recuperación del material de guerra", aseguró Díaz.Es por esto que Díaz explicó que la política de conteo de cuerpos fue implementada por los comandantes de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín.Una vez se conoció esta decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al tema en su cuenta de X y cuestionó a esa jurisdicción.“La JEP no para en su propósito de destruir las Fuerzas Militares. Mientras ha imputado a 64 de Farc, ya sube a 147 el número de integrantes de las Fuerzas Militares. Antioquia mejoró bastante en seguridad. Basta recordar el número de frentes terroristas que tenían Farc, ELN, más la presencia paramilitar, y comparar con la reducción que quedaba en 2010. Esta reducción es correlativa a la disminución de los delitos y al regreso de desplazados, como ocurrió al municipio de San Carlos. Mejoró la seguridad, la ciudadanía sintió el alivio, pero los generales a la cárcel. Santos se hizo elegir sobre los éxitos de los generales, pero los sometió al terrorismo impune y los dejó en las puertas de la cárcel. Hay que pensar en una justicia diferente para nuestros soldados y policías, sin impunidad, y con un régimen sancionatorio diferente para delitos cometidos hasta el 2016”, aseguró Uribe.