JEP imputa a general (r) González Peña y otros 38 militares por más de 400 falsos positivos

La JEP imputó al excomandante del Ejército, general (r) Óscar Enrique González Peña, y a otros 38 militares por 442 casos de falsos positivos que se registraron en el departamento de Antioquia, durante los años 2004 y 2007.“Los comandantes de la Brigada IV del Ejército durante los años 2003 al 2007 -generales Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico y Jorge Ernesto Rodríguez tuvieron información a su disposición que daba cuenta de la ocurrencia de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles a manos de sus tropas para presentarlos como falsas bajas en combate. La Sala encontró que desestimaron las alertas de institucionales estatales, organismos intergubernamentales de derechos humanos y organizaciones sociales”, señala la magistrada Catalina Díaz, quien investiga los falsos positivos en la JEP. La mayoría de las víctimas eran campesinos del oriente antioqueño, pero también hay casos de menores de edad, según la JEP, algunas de las personas fueron torturadas y otras entregadas por civiles que recibían dinero a cambio.“La Política de Defensa y Seguridad Democrática así como el Plan Patriota hicieron explícita la importancia de definir y medir los resultados obtenidos con un sistema de seguimiento y evaluación, basado en indicadores de gestión y resultados, que permitiera entender los efectos de su implementación. Respecto de la medición de los resultados operacionales, los documentos oficiales de políticas hablan tanto de “bajas”, como de “capturas”, “desertores” y “material de guerra recuperado o capturado”. El Plan Patriota establecía que “los éxitos en las operaciones se miden, antes que nada, por el alcance de los objetivos estratégicos”. Finalmente, el Plan Patriota advertía que se debía: “Desarrollar una acción conjunta integrada a escala estratégica, que permita consolidar los éxitos operacionales obtenidos, donde el número de bajas es importante, pero no determinante para la obtención de la victoria”.No obstante, a pesar de no estar integralmente articulada y escrita en un solo documento formal como una ley, un decreto, un documento de planeación nacional o una directiva o resolución del nivel central de la jerarquía militar, la política de facto de conteo de cuerpos fue una política muy clara y efectiva al interior de la Brigada IV”, explica la JEP. Los responsables tienen un periodo para decidir si aceptan o no su responsabilidad y, si deciden no aceptar, enfrentarán un juicio y, de ser vencidos, podrían pagar hasta 20 años de prisión.“La inmensa mayoría de los falsos positivos en Antioquia no ocurrieron durante la fase crítica de la confrontación militar de las guerrillas, sino después de que estas habían sido derrotadas y replegadas estratégicamente y una vez se habían también desmovilizado los grupos paramilitares. Así, las subregiones del Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño registraron picos históricos en la práctica criminal justo después de que el Frente Urbano Jacobo Arenas, Furja, quedara prácticamente desmantelado, y los Frentes 9 y 47 se replegaran hacia zonas vecinas por instrucciones del Estado Mayor del Bloque Noroccidental. Asimismo, el pico histórico registrado en el Norte Antioqueño y en la región”, advierte la JEP.