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JEP prohíbe inhumar y exhumar cuerpos en cinco cementerios de Caldas

En dichos cementerios habrían víctimas de desaparición forzada

285370_BLU Radio. Exhumación en el Cementerio Universal de Medellín / Foto de referencia: Noticias Caracol
Exhumación
Foto de referencia: Noticias Caracol

Son cinco los cementerios del departamento de Caldas donde la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP decretó medida cautelar, y en los que no se podrán realizar inhumaciones o exhumaciones. Esto, al encontrar 45 puntos de interés donde cuerpos de víctimas de desaparición forzada podrían encontrarse, y de esa forma, evitar que se alteren los lugares.

Se trata de los cementerios de Nuestra Señora del Carmen en Norcasia, San Agustín y San Diego en Samaná y San Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria, pues la JEP encontró “una indebida administración”.

“El abandono y negligencia institucional ha incidido en que el rastro de muchos desaparecidos haya desaparecido de nuevo, constituyendo actos de revictimización y una negación de las garantías de no repetición para los familiares de las víctimas”, se indicó desde la magistratura.

Los alcaldes de los tres municipios donde se encuentran ubicados los cementerios deberán construir una base de datos con muestras de Adn de familiares de las víctimas en primer grado de consanguineidad, de la mano con Medicina Legal, la Fiscalía, y la UBPD.

Según los datos consignados, en esa zona afectada por la desaparición hay al menos 1.028 casos reportados, además de que hay informes que detallan que, durante el conflicto, la extinta guerrilla de las Farc realizaba ataques a los pobladores de Berlín, San Miguel y Norcasia.

“En Samaná, por ejemplo, en los años 90, el frente 47 era la única organización al margen de la ley que operaba en la región. Como la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP obtuvo información sobre la existencia de fosas en diversas zonas de estos municipios, los investigadores avanzan en la ubicación de otros lugares que la Fiscalía no haya intervenido para verificar su estado y nivel de riesgo. Para ello, se realizará un proceso de cartografía participativa”, añadió la JEP.

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