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La batalla de poderes por la contratación de la UNP

Blu Radio conoció varias denuncias que fueron radicadas en la Procuraduría, la Secretaría de Transparencia y la propia UNP.

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BLU Radio // Escoltas UNP // Foto: AFP

El pasado 14 de noviembre la Unidad Nacional de Protección en cabeza de su director, Pablo Elías Gonzáles Mongui, firmó la resolución 1615 de 2018 en donde se seleccionó la contratación del alquiler de vehículos para la población objeto del programa de protección.

Lo que hizo la UNP fue escoger a los contratistas que iban a entregar los carros de protección en un vínculo de arrendamiento hasta el 2020.

La totalidad de los contratos fue de $136.606 millones de pesos. Y la contratación se dividió por regiones. Para la zona 1 que reúne los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira Magdalena, Sucre, San Andrés, Antioquia, Caldas, Chocó, Tolima, Quindío y Risaralda se escogió a la empresa de Transportes Especiales Acar que debía entregar 158 carros a partir del 15 de noviembre. Y para el resto de las regiones se eligió a la Unión Temporal Neorent y a la empresa Royal Rent Corp.

Sin embargo, desde el primer día de la adjudicación se generó una batalla entre las empresas que ha terminado en denuncias de lado y lado. La empresa Acar, una compañía pequeña y relativamente nueva en el sector de transporte de seguridad obtuvo un contrato por $ 17.393 millones. 

Pero, según dijo el propio representante de Acar, era muy difícil trasladar los 158 carros de un día para otro a las más de 13 zonas en donde ganó la licitación, y la propia UNP, a través del supervisor del contrato, le pidió que mientras llegaban los carros permitiera que la operación la desarrollara la compañía Royal Rent que había sido contratista antes y también resultó beneficiada en la adjudicación millonaria.

Royal Rent aceptó y prestó sus vehículos a la UNP, pero al mismo tiempo le envió un oficio a la Secretaría de Transparencia de Presidencia para que se investigara un supuesto incumplimiento de Acar con lo establecido en el contrato.

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En el documento enviado por Royal Rent y que fue recibido por el secretario, Andrés José Rugeles Pineda, se solicita una investigación por “presuntas irregularidades en el desarrollo y adjudicación del proceso porque aparentemente fue adjudicado a Transportes Acar, firma que a la fecha no ha cumplido con el objeto del contrato perjudicando con ello el normal desarrollo institucional”, dice el oficio.

El secretario Rugeles le contestó a la empresa el pasado 29 de enero que Transparencia de Presidencia no estaba facultada para investigar funcionarios, pero que su denuncia ya había sido trasladada a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.

En el fondo de la discusión lo que está en juego son los recursos públicos que utiliza la UNP para asignar esquemas de seguridad a través de contratos para el alquiler de vehículos a otras compañías, y la efectividad de los contratos de arriendo de automóviles para garantizar la vida de los protegidos.

Las respuestas

Blu Radio habló con todas las partes involucradas y confirmó que la Unida Nacional de Protección sí abrió una investigación formal para revisar el choque de denuncias alrededor del proceso de contratación, pero hasta ahora no hay resultados concretos.

El representante de Transportes Acar afirmó que se trata de una conspiración en su contra para quitarle el contrato que se ganó con la UNP. Insistió en que quien le pidió que permitiera que otra empresa prestara los vehículos fue el subdirector de la UNP y supervisor del contrato Ronald Rodríguez. Y dijo que todos los carros para los protegidos ya fueron entregados a la entidad sin incumplimiento alguno.

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De Royal Rent Corp su representante legal confirmó que sí pidieron una investigación por un posible incumplimiento de Acar. Pero en medio de las denuncias hay también amenazas de muerte e, inclusive, acusaciones de posibles nexos del llamado zar de la seguridad, Jorge Moreno Ojeda, prófugo de la justicia y sindicado de fraude procesal y otros delitos.

Mientras la batalla por los contratos de la UNP continúa, solo en 2019 ya fueron asesinados 17 líderes sociales con fecha de corte al 08 de febrero, y hay quejas de miembros de la Farc que argumentan que la entidad ha venido disminuyendo los esquemas de seguridad a los desmovilizados.

 

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